Los datos hablan por sí solos: las ventas de OxyContin aportaron al laboratorio Purdue Pharma ingresos de más de 2.800 millones de euros al año y llevaron en volandas a sus propietarios hasta los primerísimos puestos de la lista Forbes, con una fortuna de más de 13.000 millones. Seguramente, ni sus fundadores soñaron algo así. A finales del siglo XIX, los tres hermanos Sackler, Arthur, Mortimer y Raymond, todos ellos psiquiatras, fundaron en Greenwich Village una pequeña empresa de medicamentos. Poco a poco, el laboratorio fue generando beneficios que permitieron a los Sackler comprar, en 1950, Purdue Pharma, una farmacéutica dedicada a la comercialización de laxantes y de iodopovidona, el conocido antiséptico de color anaranjado utilizado sobre todo en heridas quirúrgicas.
Arthur Sackler, uno de los fundadores del imperio farmacéutico
En 1980 los nuevos dueños de Purdue decidieron producir también analgésicos, pero no fue hasta 1995 cuando dieron con Oxycontin, el producto que iba a cambiar sus vidas y las de sus descendientes. También la de muchos a quienes sus médicos recetaron el potente medicamento para combatir el dolor, que se sintetiza a partir de la tebaína, sustancia presente en el opio, y es tres veces más fuerte que la morfina. El problema es que junto a su “bendita” capacidad para neutralizar el dolor, el fármaco tiene un potencial adictivo peligrosamente alto. Sin embargo, el medicamento comenzó a comercializarse en Estados Unidos sin que nadie advirtiera de ello; acompañado, además, de una campaña de marketing sin precedentes que animó a los facultativos a recetarlo, a pesar de que en aquella época era raro que se prescribieran opiáceos fuera de los hospitales. Por supuesto, su uso se hizo de inmediato tremendamente popular, ¿quién quería soportar un dolor si había una pastilla dispuesta a terminar con él de forma inmediata?
No era tan fácil. La otra cara de la moneda fue el incremento de adictos que, además, cuando se intentó restringir tan preocupante consumo con medidas como el aumento de precio, decidieron pasarse a la heroína para sustituirlo. El OxyContin y otros productos similares a los que este allanó el camino habían creado una nueva oleada de heroinómanos. Donald Trump se vio obligado a declarar en 2016, dos meses después de llegar al poder, una emergencia de salud pública que ha dejado más de 500.000 muertos. Una catastrófica epidemia causada por una adicción que multiplica por siete las muertes por sobredosis. Las cifras del pasado año son escalofriantes: 64.000 muertes por sobredosis de opiáceos, una media de 175 muertes al día.
Manifestación contra el medicamento OxyContin
Hace años que las familias de los fallecidos o las personas que lograron superar la adicción en centros de tratamiento, volvieron la vista al día en que les fue recetado Oxycontin. Y enseguida señalaron con el dedo a la millonaria familia que no solo no había advertido sobre tan letal efecto “secundario” de su fármaco, sino que puso todo su esfuerzo en publicitarlo para que se generalizara su consumo e incrementar las ventas. Según una investigación publicada en ‘American Journal of Public Health’, desde la aprobación del Oxycontin, farmacéuticas como Pardue Pharma realizaron una campaña de marketing y de “sobornos” para convencer a los médicos de prescribir los opioides. De acuerdo con esta investigación, solo entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, se gastaron más de 46 millones de dólares para pagar comidas, viajes y honorarios a casi 70.000 médicos de todo el país.
Antes, en 2007, Purdue Pharma ya se había declarado culpable de engañar al público sobre el riesgo de adicción del Oxycontin y aceptó pagar más de 600 millones de dólares para sellar uno de los acuerdos farmacéuticos de mayor cuantía en la historia de Estados Unidos. Por otra parte, el pasado año un tribunal federal eliminaba el blindaje legal del OxyContin para permitir anular varias de sus patentes y facilitar así la producción de genéricos más baratos. Además, en 2018, los estados de Kentucky, Illinois, New Hampshire y Nueva York presentaron demandas contra Purdue por “haber restado importancia al poder de adicción” de los fármacos. A pesar de ello, la farmacéutica sigue defendiendo que solo promociona sus productos en estricto cumplimiento con la marca aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia de Estados Unidos que controla la venta de medicinas.
Por su parte, la familia propietaria de Purdue sigue “blanqueando” su imagen como viene haciendo hace años, es decir, explotando al máximo su lado filantrópico. Los Sackler otorgan becas, patrocinan salas en prestigiosos museos, abren escuelas y fundan decenas de programas científicos, académicos y culturales. El ala del Louvre en la que está el Código de Hammurabí, la sala del Met que alberga el templo egipcio de Dendour construido hace 3.450 años y el Palacio del rey persa Darío I llevan el nombre de quien pagó su construcción: Sackler. Y las Universidades de Columbia, Oxford, Telaviv y Yale, entre otras, tienen cátedras Sackler para la investigación del cáncer.
Ya antes de que arreciara el escándalo, la familia Sackler, formada actualmente por unos 20 descendientes de los tres hermanos fundadores, mantenía siempre la mayor discreción posible, con apariciones esporádicas de alguno de sus miembros en actos benéficos. Los que más se han dejado ver en los últimos tiempos han sido Elizabeth, hija de Arthur, que es miembro de la directiva del Museo de Brooklyn y los hijos de Raymond, Richard y Jonathan, que dirigen un profesorado en el centro de investigaciones del cáncer de Yale. Otros ocho miembros de la familia forman parte del directorio de Pardue Pharma y el resto, Ilene, Kathe, Marissa, Mortimer y Richard Sackler, integran varios consejos de la familia en fundaciones de naturaleza altruista. Sin embargo, pese a sus donaciones para estudios médicos, la familia nunca habría apoyado proyectos para la cura de la adicción que ayudó a generar el medicamento que originó su fortuna y esto ha contribuido, todavía más, a que Purdue sea una de las empresas más controvertidas del mundo y que la imagen pública de sus dueños se haya hecho pedazos.
Hoy hay un millón de heroinómanos en Estados Unidos, y la cifra crece a un ritmo anual del 17%. En 2007 murieron 2.000 personas por sobredosis de heroína, frente a las 16.000 que lo hicieron en 2017. Y cada vez hay más personas que llegan a la heroína después de pasar por los medicamentos que se venden con receta en las farmacias. Cuando ya no disponen de las preciadas recetas, recurren a los camellos para comprar las pastillas y el paso de ahí a la heroína, mucho más barata, es dramáticamente corto. Para algunos, en todo caso, la alarma social creada por el asunto estaría únicamente justificada por el hecho de que este tipo de drogas está golpeando de manera especial a los blancos y no solo de las grandes ciudades, sino también de zonas rurales de estados republicanos. Y en familias de clase alta, que han tenido que ver cómo sus hijos se enganchaban a las drogas después de un tratamiento para superar algún tipo de lesión deportiva. Sin embargo, buena parte de esta alarma tiene mucho más que ver con la posibilidad de que la adicción puede afectar a cualquier persona, con independencia de su edad, sexo o modo de vida.
Lo que está claro es que los opiáceos continúan ganando esta guerra. Junto al OxyContin siguen recetándose como el Percocet o el Vicodin, incrementándose así la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de Estados Unidos, por delante incluso de la epidemia del VIH a finales de los años 80 y principios de los 90. Y ahora preocupa especialmente la última sustancia opiácea que ha irrumpido en el mercado: el Fentanyl, fabricado sobre todo en China e introducido en Estados Unidos por los cárteles mexicanos. Su potencia es 50 veces mayor que la de la heroína, igual que su peligrosidad. De hecho, para matar a una persona harían falta 30 miligramos de heroína, mientras que de Fentanyl bastarían 3.
Hasta ahora, han fracasado los intentos de algunos estados de imponer multas o una mayor carga fiscal a los laboratorios. En Nueva York, por ejemplo, un tribunal rechazó la medida del gobierno de este estado para establecer un impuesto de 100 millones de dólares anuales a los fabricantes de estos productos durante seis años, a pesar de que la sentencia admite el riesgo para la salud que suponen tanto los narcóticos como las prácticas comerciales utilizadas para venderlos.
