Las imágenes del mortal ataque a Paweł Adamowicz en el escenario donde tenía lugar un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a equipos médicos no tardaron en recorrer el mundo, poniendo el foco de atención en la fractura, cada vez más violenta, que divide a los polacos y amenaza la estabilidad del país. Que en esos vídeos pudiera verse, además, cómo transcurría más de medio minuto antes de que se socorriera al alcalde o se detuviera a su agresor resultaba, cuanto menos, sorprendente.
Igual de extraña que parecía la facilidad con la que el asesino accedió al escenario – utilizó un falso carnet de prensa – y, sobre todo, que ningún guardia de seguridad reaccionase para impedir que, aún con el cuchillo en la mano, este ex convicto de 27 años diagnosticado de esquizofrenia utilizara los micrófonos para dirigirse a los miles de asistentes y acusar de todos los males al partido político en el que militó el alcalde antes de presentarse como candidato independiente. Mientras, el alcalde agonizaba de camino al hospital donde, tras cinco horas de quirófano, murió a causa de las graves heridas recibidas en la zona abdominal.
Adamowicz, reelegido para regir por sexta vez consecutiva la ciudad, era un político de carácter progresista y tolerante, que creía en el entendimiento entre comunidades religiosas y se mostraba a favor de las minorías. Una víctima perfecta para los extremismos que llevan el odio por bandera y aunque algunos albergaron la esperanza de que su muerte sirviera para unir al país en un respetuoso duelo al margen de diferencias políticas, tal como pidió su familia, no fue sido así. La férrea oposición del alcalde apuñalado al partido de derecha de Polonia, Ley y Justicia (PiS) llevaba años acarreándole “disgustos” y, por muy querido y votado que fuera en su ciudad, los insultos contra él no iban a cesar tras su muerte.
Para muchos polacos, el popular alcalde, figura emblemática de la política liberal, ha caído víctima no sólo del atentado de un lobo solitario, sino del ambiente de nacionalismo beligerante sembrado por el Gobierno y que cada día envenena más la vida pública. De hecho, hace un año, la Juventud Nacionalista le expidió un “acta de defunción política” como castigo por haber defendido, en contra de la postura del Gobierno, que Polonia debía admitir a refugiados de Siria. Durante años, organizaciones nacionalistas aliadas del Gobierno y destacadas figuras del mismo, a través de los medios públicos y redes sociales, lanzaron insultos a Adamowicz a quien, entre otras cosas, tachaban de “traidor”, “renegado”, “alemán”, “ladrón”, “mafioso”, “comunista” y “pelele de la UE”.
Por otra parte, era inevitable que el asesinato de Adamowicz trajera a la memoria el crimen de odio ideológico que acabó con la vida de Gabriel Narutowicza, primer presidente de la Polonia independiente renacida en 1922. Porque aquel asesinato también llegó precedido por una auténtica campaña de odio alentada por la prensa nacionalista, que reclamaba la “eliminación” de un presidente elegido por el Parlamento, no por “verdaderos polacos”, sino con los votos de las minorías judía y ucraniana. En el caso de Adamowicz, un diario polaco recordaba este miércoles las numerosas ocasiones en que la televisión estatal, dirigida por un amigo personal de Kaczynski, había insultado o difamado al alcalde asesinado llamándole, por ejemplo, nazi, comunista, anti polaco y ladrón.
Lech Wałęsa
Para algunos activistas legendarios del ya mítico sindicato Solidaridad, esta división de los polacos que cada día se agudiza más se originó en la Polonia libre de Lech Wałęsa. Su figura, igual que le ocurrió a Gorbachov, sigue conservando fuera de su país el prestigio del hombre sin miedo que desafió a los comunistas, pero dentro nunca ha llegado a ser un líder incuestionable. Al contrario, aunque resulte paradójico, en Polonia siempre ha habido quienes le consideran un espía de los servicios comunistas o, al menos, como un colaborador. Acusaciones que el ex líder del sindicato polaco lleva desde entonces negando y de las que culpa a Jarosław Kaczyński, su antiguo asesor, y actualmente el político número uno de Polonia.
Lo que resulta indudable es que el clima de confrontación parece haber traspasado muchos límites en Polonia. Prueba de ello son las portadas de ciertos diarios polacos que utilizan montajes fotográficos ofensivos y titulares provocadores que ayudan a propagar el odio. En ellas se ha podido ver a Angela Merkel disfrazada de soldado nazi, a Kaczynski quemando una bandera de Europa o a Donald Tusk sujetando perros rabiosos. Hay columnas de opinión, programas de radio y televisión que arengan con discursos agresivos y en las más altas esferas políticas no faltan insultos que, con demasiada frecuencia, son de carácter personal. En definitiva, un ambiente de enfrentamiento social que ha permitido que prosperen formaciones radicales y amenaza con írsele de la manos al país.
Una de las cosas que han puesto de manifiesto el asesinato de Adamowicz y las reacciones a su muerte, es que la vida política en Polonia necesita una sana renovación que aparte a la sociedad y a sus representantes políticos del odio que amenaza con una escalada de violencia de la que todos pueden salir perdiendo. Su política anti inmigración y ultra nacionalista, así como su carácter populista, han convertido a Polonia en una especie de “hija descarriada” de la UE, que ha sancionado al país en diversas ocasiones y critica al actual gobierno por su reforma judicial, sus ataques a la Constitución y una reforma educativa que pretende “crear nuevos polacos”.
De momento, tras el mediático asesinato, Polonia o más bien su actual Gobierno sigue mirando al pasado, demostrando una preocupante incapacidad de superarlo para que no controle el presente ni marque su futuro. Prueba de ello es la polémica ley que castiga con penas de hasta tres años a quienes utilicen la frase “campos de concentración polacos” para referirse a los centros de extermino construidos por los alemanes que ocuparon Polonia durante la II Guerra Mundial. Un “complejo” del pasado que la Historia nunca ha querido ni pretendido, nadie fuera del país piensa que aquellos campos construidos y controlados por los nazis después de que invadieran Polonia en 1939 fueran responsabilidad del pueblo polaco invadido ni de sus gobernantes.
