Es cierto que los médicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan tiempo alertando de un innecesario aumento en el número de cesáreas que se practican en todo el mundo, pero no habían tenido en cuenta que su reducción podría resultar, en algunos casos, igual de preocupante. Porque la alarma creada en torno a la elevada tasa de cesáreas sirvió, es verdad, para que las autoridades sanitarias de los países más afectados, como República Dominicana, Turquía, Egipto o China, se propusieran estudiar los motivos e intentar buscar soluciones pero, eso sí, siempre que se afrontara el reto con garantías suficientes. Es decir, que la lucha contra el incremento de estas cirugías tan especiales se abordara desde el equilibrio en la atención sanitaria: con el objetivo prioritario de que la madre “se enfrente” a tan crucial momento con todas las garantías médicas que el mundo avanzado es capaz de ofrecer hoy.
En el caso de China, diversos informes llevan tiempo denunciando que este objetivo fundamental podría estar viéndose en peligro por la medida de penalizar a los centros hospitalarios que presenten cifras de cesáreas demasiado altas. Esta norma llevaría vigente desde 2001, cuando la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar determinó que reducir la tasa de cesáreas era una prioridad nacional dentro de su plan de 10 años y el Ejecutivo chino decidió imponer multas a los centros que, en comparación con otros de la zona, hubieran realizado más cesáreas. En todo caso, la polémica medida fue tomada como consecuencia directa de un informe de la propia OMS que criticaba a China por registrar una de las tasas de cesáreas más altas del mundo.
A China no le gustó demasiado figurar entre los cinco primeros puestos de la lista y las autoridades se pusieron de inmediato manos a la obra para revertir las cifras. Así que, aparte de la citada penalización económica en forma de multas, también empezaron a aplicarse otro tipo de sanciones que podían suponer a los hospitales la pérdida de los subsidios estatales e incluso de las correspondientes licencias para ejercer su actividad sanitaria en cualquier área. Es decir que, con absoluta independencia de las necesidades o decisiones de las mujeres que iban a dar a luz, se responsabilizaba a los centros de sus tasas de cesáreas. Un despropósito, ya que esto se traducía en que los médicos pudieran actuar en contra de los deseos de una madre. Peor aún, sin que se tenga exclusivamente en cuenta lo verdaderamente importante: la indicación puramente médica para cada caso concreto.
En agosto de 2017, el vídeo de una mujer embarazada de 41 semanas, Ma Rongrong de 26 años que, al límite del dolor, se suicidaba lanzándose desde el quinto piso de un hospital chino después de que implorara, sin éxito, que se le practicara una cesárea para extraer a su bebe de más de 4 kilos impactó al mundo y supuso un punto de inflexión. Al menos para que se empezara a valorar la implantación de otro tipo de medidas. Porque no todo se arregla prohibiendo o castigando. En el trágico destino de Rongrong, los chinos fueron los primeros en preguntarse qué estaba pasando y las explicaciones del centro hospitalario, culpando de las muertes de madre e hijo al marido de Ma Rongrong, solo sirvieron para preocuparse todavía más. No solo por la situación de esta madre, para quien ya era demasiado tarde, sino en general por el lugar de la mujer en algunas sociedades como la china. Porque según quiso excusarse el centro médico de Yulin, en la provincia de Shaanxi al norte del país, fue el esposo, a quien la mujer le habría otorgado el poder de decidir, quien no autorizó que a su mujer se le practicara la intervención para que naciera su hijo.
La familia de la víctima, por supuesto, rechazó de inmediato la versión del hospital, que seguía empeñado en negar que el hecho fatal estuviera relacionado con el rechazo de practicarle la cesárea. Según el hospital, la joven estaba implorando a sus familiares que aceptaran la cesárea pero, según su familia, Ma Rongrong estaba de rodillas para aliviar su insoportable dolor. La opinión pública se dividió entre quienes pensaban que la negativa del marido tenía un trasfondo económico, es decir carecía de medios para costear la intervención, y aquellos otros que no dudaron en señalar desde el primer momento al Gobierno y sus medidas de castigo a los hospitales. Sin embargo, se trata en realidad de dos caras de la misma moneda: los hospitales se protegen encareciendo este tipo de intervención para disuadir a las pacientes y no evitar el riesgo de entrar en la lista de centros “perseguidos” por las autoridades del país.
Por otra parte, la población estuvo tan controlada en China hasta la abolición de la política de un solo hijo que era lógico que empezara a aumentar de forma significativa el número de cesáreas. Para revertir la tendencia, sin embargo, había que trabajar en otra dirección, alejada de las peligrosas sanciones a los hospitales. Y puede que el dramático caso de Ma Rongrong sirviera para que China empezara a doblar esfuerzos en otro tipo de políticas mucho más efectivas a largo plazo para rebajar la tasa de cesáreas, sin que ello suponga poner en riesgo a la madre o evitar que decida cómo quiere que nazca su hijo. Ahora, por ejemplo, hay clases obligatorias de parto natural para los médicos, más centros de formación para obstetras y, por supuesto, se está llevando a cabo una importante inversión para educar a la población sobre los riesgos de una cesárea, ya que, al fin y al cabo, se trata de una intervención de cirugía mayor que la OMS desaconseja cuando no es necesaria por motivos médicos.
