Veintiocho agentes de las fuerzas del orden en Francia se han quitado la vida desde comienzos de 2019; es decir, uno cada cuatro días. Los dos últimos ocurrieron el pasado jueves en París y Montpellier y aunque muchos achacan esta dramática situación al desgaste que sufren durante los violentos sábados que protagonizan en toda Francia los denominados “chalecos amarillos”, lo cierto es que ya en 2018 la cifra de suicidios entre los cuerpos del orden era claramente preocupante: 35 policías y 33 gendarmes, según el ministerio de Interior galo. Algunos se suicidaron en sus puestos de trabajo, otros en sus domicilios, y muchos de ellos con su arma reglamentaria. Por eso se puso en marcha, ya entonces, un plan que buscaba identificar, antes de que fuera demasiado tarde, a los agentes con tendencias suicidas, ofrecerles un seguimiento psicológico a largo plazo y poner a su alcance un teléfono de ayuda disponible las 24 horas siete días a la semana.
Sin embargo, para los compañeros de los agentes muertos estas medidas son insuficientes. Porque se trata de una situación que, a su juicio, hay que afrontar desde distintos frentes, partiendo del más básico, el que se refiere a las condiciones laborales. Las autoridades, sin embargo, rechazan de manera rotunda que los suicidios estén vinculados en forma alguna con la situación laboral, aunque lo cierto es que a los 23 fines de semana consecutivos en que los “chalecos amarillos” han puesto a prueba a los policías, que se convierten en blanco de la violencia de los manifestantes más radicales, hay que añadir la permanente alerta antiterrorista y la delincuencia en los barrios periféricos, verdaderos guetos donde las intervenciones son constantes y peligrosas. Todo ello marca una tendencia de sobrecarga de tensión y horas acumuladas que, para expertos psicólogos, vendrían a sumarse a otro tipo de problemas económicos y personales.
Hay que tener en cuenta, además, que los agentes más jóvenes son requeridos todos los fines de semana a causa de las citadas manifestaciones y que son precisamente ellos, que acaban de salir de la academia de policía, quienes menos cobran, padecen mayor inseguridad y aún se encuentran lejos de tener una vida privada relativamente estable que sirva de contrapunto a las largas jornadas laborales y a las especiales circunstancias que definen su labor. También se culpa a una cierta falta de reconocimiento a su trabajo, a esas muchas horas suplementarias no pagadas y a sanciones desproporcionadas. Algunos policías aseguran, además, que sus automóviles tienen cientos de miles de kilómetros, lo que impide que puedan realizar con efectividad persecuciones y que, a menudo, los walkie-talkies no funcionan.
El suicidio de Maggy Biskupski, la agente que puso fin a su vida el 12 de noviembre de 2018, sirvió para que la situación dejara de ser tabú y los policías se unieran, sin miedo a salir a las calles para manifestarse denunciando las muertes de sus compañeros. El caso de la joven agente Biskupsi, de 36 años, fue especialmente llamativo porque se trataba precisamente de una de las policías que más alzó la voz para alertar sobre la peligrosa lacra que amenaza a los que eligen la difícil misión de protegernos a todos. Ella era la presidenta y creadora de una asociación de policías nacida en 2016 con el nombre de Movilización de Policías Enojados (MPC, por sus siglas en francés) tras un violento incidente en el que cuatro agentes resultaron heridos al ser incendiados sus coches con cócteles Mólotov. El hecho provocó manifestaciones en la capital francesa y otras ciudades, donde centenares de agentes del orden salieron a las calles para denunciar el odio contra la policía y exigir más protección y financiación por parte del Gobierno.
Biskupsi no tardó en convertirse en una especie de heroína para parte de sus compañeros y de la sociedad gala y, también, en personaje incómodo para otros muchos. Días antes de suicidarse, comunicó a su familia y amigos más cercanos que estaba siendo objeto de presiones: a través de la acusación por parte de algunos colegas de mala gestión de los fondos de la asociación que presidía y a la que vino a sumarse una investigación interna de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) por divulgación de noticias confidenciales. Para quienes la apoyaban, aquello fue demasiado. Maggy Biskupski, referente de la lucha contra la epidemia de suicidios dentro de las fuerzas del orden galas, pasó a formar parte de la trágica estadística que pretendía combatir. Las autoridades, por su parte, reaccionaron incrementando el número de psicólogos: de 50 a 89 para un total de 120.000 agentes. El problema, sin embargo, es que muchos policías aseguran que no se atreven a sincerarse con los psicólogos del cuerpo por temor a la violación de la confidencialidad. Ninguno quiere entrar en una lista que pueda ser objeto de escrutinio por parte de sus superiores y llegar a conocimiento de sus compañeros, que ya no querrían trabajar con ellos.
