El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 en el marco del caso mascarillas. Es la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, y llega con una resolución unánime de los siete magistrados que integran la Sala, bajo ponencia de su presidente Andrés Martínez Arrieta.
El tribunal considera probado que los tres acusados —Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— formaron una organización criminal con reparto de funciones. Los dos primeros han sido condenados por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Aldama, en cambio, recibe apenas cuatro años y medio de condena —ninguna de cuyas penas supera los dos años— gracias a la atenuante muy cualificada de confesión por su colaboración «relevante» con la Justicia. El Supremo suspende la ejecución de su pena, lo que le evita el ingreso en prisión.
No es un detalle menor. La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, había defendido precisamente esa atenuante, aunque la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se lo impidió en las conclusiones definitivas del juicio. El tribunal ha optado por el criterio del fiscal jefe y ha ido más lejos: en la sentencia anima explícitamente a futuros colaboradores a cooperar con la Justicia para desenmascarar tramas corruptas.
Una organización criminal en el corazón del Gobierno
La Sala no escatima en dureza al describir el alcance de los hechos probados. El tribunal señala que Ábalos favoreció a Aldama en el negocio de las mascarillas durante lo peor de la pandemia del Covid a cambio de beneficios personales: el pago del piso de lujo de su expareja Jésica Rodríguez en la Plaza de España de Madrid, una remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos», contratos de arrendamiento con opción a compra, o el enchufe de amigas íntimas del exministro en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
Pero el Supremo va más allá del relato de hechos y articula una reflexión política de calado. Recuerda que quien «transgrede las reglas del cargo» no es un funcionario de rango medio, sino un ministro del Gobierno de España y, simultáneamente, secretario de organización del partido en el poder. «Los actos analizados no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales», apunta la sentencia.
La resolución advierte de que este tipo de corrupción «socava la arquitectura democrática» del Estado, distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y erosiona la confianza ciudadana en el sistema político. Una advertencia que, dado el contexto en el que se produce, el Gobierno de Sánchez difícilmente podrá ignorar.
Ábalos y Koldo García escucharon la lectura del fallo este lunes por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen internos desde el pasado 27 de noviembre. El cumplimiento efectivo fijado es de 16 años y medio para el exministro y de 15 para su exasesor. Aldama, en persona junto a su abogado José Antonio Choclán, no pudo disimular la emoción al conocer una pena que no le lleva a la cárcel.
