La relación diplomática entre España y Nicaragua ha entrado en una fase de tensión abierta tras una cadena de decisiones que han afectado directamente a las respectivas representaciones diplomáticas. El detonante ha sido la expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y de su segundo jefe, Miguel Mahiques Núñez, ordenada por el Gobierno de Daniel Ortega de forma repentina y sin explicaciones públicas. La respuesta del Ejecutivo español no se ha hecho esperar: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha decretado la expulsión del embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, así como de otro diplomático de la delegación.
La decisión del régimen sandinista resulta especialmente significativa por el contexto temporal. Farré Salvá había sido nombrado embajador en diciembre por el Consejo de Ministros y presentó sus cartas credenciales a comienzos de enero, por lo que apenas llevaba unas semanas en el cargo. Durante ese breve periodo, su actividad diplomática se limitó y no trascendió ninguna actuación susceptible de generar un conflicto bilateral, lo que refuerza la incertidumbre sobre las motivaciones reales de Managua.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha subrayado que la reacción se ha producido en “estricta reciprocidad” y que Madrid considera “injusta” la expulsión de sus representantes. Al mismo tiempo, el Gobierno ha tratado de separar el plano institucional del vínculo histórico con la sociedad nicaragüense, reiterando su voluntad de mantener las mejores relaciones posibles con el pueblo del país centroamericano.
Enfriamiento diplomático
A corto plazo, la Embajada de España en Managua queda al frente de un encargado de negocios ad interim, el secretario de Embajada Alejandro Robles Monsalve, lo que implica una reducción del nivel de interlocución política en un momento ya delicado. Este tipo de situaciones suelen anticipar periodos prolongados de enfriamiento diplomático, especialmente cuando se producen expulsiones cruzadas de embajadores.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de aislamiento internacional progresivo del Gobierno de Daniel Ortega. Desde las protestas de 2018, Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica, marcada por la concentración de poder en torno al presidente y a su entorno más cercano, así como por denuncias reiteradas de organismos internacionales sobre vulneraciones de derechos humanos y restricciones a las libertades civiles. En este marco, las relaciones con varios países europeos han experimentado altibajos, y la confrontación diplomática se ha convertido en una herramienta recurrente del Ejecutivo nicaragüense.
Para España, el pulso con Managua plantea un dilema habitual en su política exterior hacia América Latina: cómo combinar la defensa de principios democráticos y derechos fundamentales con la preservación de canales diplomáticos estables. La evolución de esta crisis marcará no solo la relación bilateral, sino también la posición española en el debate europeo sobre el tratamiento político del régimen de Ortega.
