El caso Plus Ultra nació como un rescate empresarial en plena pandemia y ha mutado en una investigación penal de alcance político excepcional. En el centro: 53 millones de euros de fondos públicos destinados a una aerolínea de tamaño muy reducido, una hipótesis de blanqueo conectada con Venezuela y, ahora, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
Plus Ultra Líneas Aéreas es una compañía hispano-venezolana especializada en rutas de largo radio hacia Latinoamérica, principalmente Venezuela, Ecuador y Perú. En marzo de 2021, el Gobierno aprobó su rescate a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, estructurado en dos tramos: 34 millones como préstamo participativo y 19 millones como préstamo ordinario. La polémica no tardó en llegar. La compañía operaba con una flota mínima y una cuota de mercado marginal, pero la SEPI la clasificó como «estratégica» apelando a su papel en rutas de nicho y a su función de conectividad para comunidades migrantes. Esa justificación fue cuestionada desde el minuto uno por la oposición, que denunció arbitrariedad y posible trato de favor.
La causa penal inicial se abrió en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid a partir de querellas por malversación, cohecho y prevaricación, pero acabó archivada al no apreciarse indicios penales suficientes en la concesión del rescate como tal. Sin embargo, ese archivo no cerró el asunto.
De la irregularidad administrativa a la red internacional
A partir de 2024, peticiones de cooperación judicial llegadas desde Suiza y Francia reactivaron la investigación en una dirección completamente distinta. Ya no se trataba de evaluar si el rescate había sido irregular en términos administrativos, sino de determinar si el dinero público pudo integrarse en una estructura financiera ilícita. La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción apuntan a una presunta red de blanqueo vinculada al contrabando de oro venezolano y a malversaciones relacionadas con ayudas sociales. El entramado investigado incluiría pagos cruzados, consultorías presuntamente ficticias y sociedades instrumentales en varias jurisdicciones. La investigación también ha señalado gestiones para influir ante autoridades aeronáuticas venezolanas con el fin de asegurar permisos de vuelo, lo que extiende el foco mucho más allá del territorio español.
En ese contexto llega la pieza más disruptiva del caso: la imputación de Zapatero. Según el auto citado por varios medios, la Audiencia Nacional le atribuye haber liderado una estructura estable y jerarquizada orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediación ante poderes públicos. El mismo auto sostiene que el expresidente y sus hijas habrían recibido cerca de dos millones de euros en pagos y comisiones canalizados a través de sociedades vinculadas. Conviene ser preciso: la imputación no equivale a condena. La clave procesal será si la instrucción acredita mediación ilícita real, reparto de tareas, pagos encubiertos y conexión causal entre influencias y decisiones administrativas concretas. Y es igualmente importante no confundir el núcleo del caso: Zapatero no aparece investigado por el rescate en sí, sino por la presunta red de influencias y comisiones que la investigación ha ido reconstruyendo a su alrededor.
Una carga política de tres capas
Este caso concentra una carga política excepcional por razones acumuladas. Primero, porque implica a un expresidente del Gobierno, lo que eleva el impacto institucional de cualquier decisión judicial. Segundo, porque el rescate lo aprobó un Ejecutivo del propio PSOE en un momento de enorme sensibilidad sobre el uso de fondos públicos. Tercero, porque introduce el elemento venezolano, un terreno ya cargado de polarización en la política española, con ramificaciones internacionales que la investigación no ha terminado de cartografiar.
El Gobierno y el entorno de Zapatero defienden la legalidad de la actuación. Pero esa defensa convive ahora con una instrucción judicial que ha ampliado su perímetro de forma considerable. Si la investigación confirma indicios sólidos, las consecuencias pueden ser penales —por tráfico de influencias, falsedad y organización criminal—, administrativas —con revisión de la trazabilidad del rescate y de los controles de la SEPI— y políticas, con daño reputacional sostenido para el PSOE y presión sobre quienes participaron en la cadena de decisiones. Cuando un caso mezcla subvención pública, influencia política y operaciones financieras transnacionales, el estándar de escrutinio sobre cualquier ayuda futura sube de forma permanente.
