El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha abierto una crisis política y técnica de primer orden. Ocurre en el mismo corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía donde descarriló un tren hace apenas nueve meses, en Adamuz. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afronta así su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año, y la presión sobre su gestión crece con cada hora.
El choque se produjo el miércoles 28 de octubre, hacia las 8:53, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla. Un AVE de Renfe, con 397 pasajeros, alcanzó por detrás a un Iryo detenido en la vía, con 147 personas a bordo, entre ellas un bebé. Varios coches descarrilaron y al menos dos vagones cayeron por un terraplén. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó a las 15:41 una cifra provisional de 68 fallecidos y 15 personas en estado grave. El balance ha crecido durante todo el día y sigue abierto.
Una cadena de decisiones bajo la lupa
La cronología que ofreció Puente apunta a un fallo en cadena. Hacia las 8:30 cayó el sistema LZB, que controla de forma continua la velocidad y la distancia entre trenes, en un tramo de unos 63 kilómetros. Seis trenes quedaron detenidos y el centro de control de Adif en Atocha asumió la circulación.
A las 8:36, ese centro autorizó al AVE a reanudar la marcha «con normalidad». Según el ministro, la reglamentación lo impedía: el tren tenía indicación de velocidad objetivo cero y una señal en rojo, de modo que solo podía avanzar a la vista. El AVE recorrió unos 25 kilómetros hasta el impacto. Puente habló de una decisión «a todas luces errónea» e «inexplicable», aunque insistió en que solo narraba «hechos objetivos» y descartó dimitir.
Renfe replica que su convoy salió con autorización y que desconoce por qué el Iryo seguía parado. Fuentes de Iryo explican que su tren se detuvo por la caída del LZB y que, tras toparse con una señal en blanco, inició a las 8:38 conversaciones con el centro de control. La Guardia Civil ha interrogado al operario que regulaba la línea, y las pruebas de alcohol y drogas a los controladores dieron negativo.
Presión política y reacción internacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en el puesto de mando avanzado y evitó respaldar una única teoría: «Si ha habido negligencias, se sabrá; si ha habido fallos en el sistema, se responderá con total contundencia». Añadió que «no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año» y prometió «reconstruir la confianza en el sistema ferroviario». La frase llega tarde para quienes llevan meses reclamando explicaciones sobre el estado de la red, y el Ejecutivo tendrá que demostrar con hechos que no se limita a gestionar el impacto mediático.
Conviene mantener el rigor: nada indica por ahora una relación causal entre ambos siniestros. En Adamuz, la investigación apunta a la fractura de una soldadura de la vía. En Urda, a un fallo del sistema de seguridad y a una decisión del centro de control. Aun así, la coincidencia de corredor, operadoras y calendario alimenta el debate sobre la seguridad de la línea más antigua de la alta velocidad española.
El accidente ya es el segundo más grave de la historia ferroviaria reciente del país si se confirma el balance, solo por detrás de Angrois, en 2013. Líderes europeos como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Friedrich Merz expresaron su duelo, y el Gobierno decretó tres días de luto oficial. La circulación entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras avanza una investigación que decidirá el futuro político de más de un responsable.