La Comisión Europea ha advertido de un «aumento significativo» en la percepción de la corrupción en España durante los últimos cinco años, coincidentes con el mandato del actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar (antes Podemos). Así se recoge en el informe anual de Bruselas sobre el Estado de Derecho publicado este martes en Estrasburgo, donde se constata una decreciente confianza entre ciudadanos, expertos y empresas respecto a la integridad del sector público español.
España ha obtenido una puntuación de 56 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, lo que la sitúa en el puesto 16º entre los países de la Unión Europea y en el 46º a nivel mundial. Para Bruselas, se trata de un retroceso en comparación con los datos anteriores, y subraya que esta percepción negativa se ha intensificado en el actual ciclo político.
Corrupción y ‘Caso Koldo’
En el plano empresarial, el informe es aún más contundente: un 87 % de las compañías considera que la corrupción está muy extendida en España —frente al 63 % de la media europea—, y más de la mitad (53 %) afirma que esta situación representa un obstáculo para hacer negocios, frente al 35 % en el conjunto de la UE. Los sectores más vulnerables, según el documento, son la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los contratos de servicios y los proyectos de infraestructuras.
El informe también hace mención directa al caso Koldo, al recordar la imputación de un exministro y parlamentario en una presunta trama de corrupción relacionada con la gestión de la pandemia. Aunque no menciona nombres, la referencia apunta claramente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Datos positivos
Por otro lado, la Comisión Europea reconoce «avances significativos» en el ámbito judicial, como los progresos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general, incluyendo medidas para mejorar su independencia respecto al Gobierno. Además, califica como constitucional la controvertida Ley de Amnistía aprobada en 2024, actualmente en proceso de revisión por parte del Tribunal de Justicia de la UE tras la presentación de cuatro cuestiones prejudiciales.
El Gobierno español ha reaccionado al informe destacando los elementos positivos del mismo. Desde el Ministerio de Justicia han valorado que las conclusiones «ratifican que las reformas no afectan al Estado de Derecho ni a la independencia judicial», y celebran que Bruselas desmienta lo que consideran «bulos» sobre sus reformas judiciales. Sin embargo, el Ejecutivo ha evitado pronunciarse sobre las menciones a la corrupción, a pesar de la reiterada preocupación expresada en el documento.
