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Bruselas discrepa con Estrasburgo: “Los indultos son un asunto interno de España”

La Comisión Europea ha mostrado hoy su respeto al orden constitucional español. Estas declaraciones se producen un día después de que el Consejo de Europa cuestionara las actuaciones de la Justicia española contra el “procés”

Fachada de la sede de la Comisión Europea, en Bruselas. Foto: (EFE/EPA/JULIEN WARNAND/Archivo)

La Comisión Europea (CE) ha expresado este martes 22 de junio que los indultos en España a los condenados del “procés” son un “asunto interno”, que debe ser tratado según el orden constitucional español.

“La posición (de la Comisión Europea) es conocida. Se trata de un asunto interno en España que debe ser tratado según su orden constitucional, incluido el perdón”, reiteró el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Bruselas ha subrayado de manera reiterada en el pasado que considera que el conflicto catalán es una cuestión interna que debe resolverse con respeto a la Constitución española y ha dejado claro su respaldo al orden constitucional y jurídico en España.

El Consejo de Ministros de España tiene previsto aprobar hoy el indulto a los nueve condenados del “procés”, acuerdos que previsiblemente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

La Comisión Europea y el Consejo de Europa, organismos con ideas opuestas

La posición de Bruselas contrasta con las consideraciones del Consejo de Europa sobre las actuaciones de la Justicia española en el tema del desafío independentista catalán. La organización afincada en Estrasburgo aprobó ayer un informe en el que se criticaba la actuación judicial contra el “procés”, se apoyaba la decisión de indultar a los líderes independentistas encarcelados y la reforma del delito de sedición, y se pedía que España renunciara a la euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de huidos de la Justicia española.

El documento salió adelante con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Los parlamentarios españoles del PSOE, PP y Vox votaron en contra; mientras que Unidas Podemos lo sustentó. Cabe destacar que la resolución no tiene validez legal, son meras recomendaciones que, eso sí, pueden suponer un problema de imagen al Estado español.

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