La investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, continúa avanzando con nuevos registros ordenados por el Tribunal Supremo. Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, al Ministerio de Transportes, a la Dirección General de Carreteras y a las oficinas del operador ferroviario Adif.
El juez instructor Leopoldo Puente ha autorizado estas diligencias para recabar documentos, registros financieros y correos electrónicos corporativos, en un intento de esclarecer posibles delitos relacionados con adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Entre las acciones permitidas figura el clonado de las cuentas de correo electrónico de Cerdán y Ábalos, así como la recopilación de datos sobre cuentas bancarias, propiedades y vehículos de todos los investigados.
En el caso del Ministerio de Transportes, se busca información contenida en la cuenta de correo de uso personal de Ábalos durante su etapa como titular de la cartera. Respecto a la sede del PSOE, el objetivo fue acceder a los contenidos de la cuenta corporativa que Cerdán utilizó. Ambas operaciones se han desarrollado sin incidentes y con la colaboración expresa de las entidades implicadas. Desde Ferraz se ha afirmado que el partido “colabora y colaborará con la Justicia con total transparencia”.
Más registros
El auto judicial, de 47 páginas, también remite a la Audiencia Nacional los indicios de delito que afectan a la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al ex director general de Carreteras, Javier Herrero. El juez Puente considera que su participación en la trama, de carácter instrumental, debe recibir valoración por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, que ya ha citado a declarar a Pardo de Vera el próximo 1 de julio por supuestas contrataciones irregulares.
Con estos registros, la investigación se adentra en una fase más técnica, centrada en el análisis de contratos y flujos económicos. El caso Koldo se proyecta así como una pieza clave para esclarecer los posibles abusos en la gestión de fondos públicos durante la etapa de Ábalos en el Gobierno, y abre un nuevo frente sobre el control institucional y la rendición de cuentas en el ámbito de la contratación pública.
