El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno, una decisión que supone la caída de varias medidas sociales clave, como los descuentos en el transporte público, la revalorización de las pensiones y ayudas a sectores vulnerables. El rechazo se produjo tras los votos en contra de PP, Vox y Junts, a pesar de días de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y las distintas fuerzas políticas. Este revés supone un duro golpe para el Gobierno en el primer pleno del año.
Junts, liderado por Carles Puigdemont, se mantuvo firme en su oposición, alegando que el Ejecutivo no había cumplido acuerdos previos. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, calificó la iniciativa como «piratería» y acusó al Gobierno de actuar de manera negligente al intentar imponer medidas sin consensuar con su grupo. Aunque Junts ha asegurado que respaldaría un nuevo decreto que incluya los descuentos en transporte público, su voto negativo refleja la profunda desconfianza hacia el Ejecutivo.
El PP también rechazó el decreto, argumentando que se trataba de un «chantaje» que mezclaba medidas necesarias, como la subida de las pensiones, con otras que calificó como concesiones políticas, como la transferencia de un inmueble en París al PNV. Según los populares, el Gobierno está abusando del real decreto-ley para gobernar sin un consenso amplio. No obstante, el PP ha presentado iniciativas alternativas para preservar las ayudas a los sectores afectados, incluyendo el ingreso mínimo vital y medidas relacionadas con los desastres naturales.
Medidas rechazadas
La caída del decreto significa la interrupción inmediata de varias políticas sociales, como la gratuidad de los trenes de cercanías y la prohibición de cortes de suministros básicos a consumidores vulnerables. Estas medidas, fundamentales para muchos ciudadanos, quedarán en suspenso hasta que el Gobierno o el Congreso encuentren vías alternativas para su aprobación.
La polémica también giró en torno al «regalo» al PNV del citado inmueble en París, lo que generó duras críticas de PP, Vox y UPN, quienes denunciaron que se trataba de un pago político para garantizar apoyos parlamentarios. Por su parte, el PNV defendió que la transferencia del edificio era un compromiso previo del Gobierno de Mariano Rajoy y que formaba parte de la reparación histórica por la apropiación del inmueble durante la dictadura franquista.
El fracaso del decreto ómnibus pone en evidencia las dificultades del Gobierno para garantizar una mayoría estable en el Congreso. Además, refleja el complejo equilibrio entre las demandas de los partidos que sostienen al Ejecutivo y la presión de la oposición, que busca aprovechar cualquier fisura en el bloque gubernamental.
