El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un amplio respaldo parlamentario. La renovación del documento ha contado con 315 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención. Vox ha sido la única formación que ha rechazado el texto, manteniendo su postura negacionista sobre la violencia de género.
El acuerdo incorpora 461 medidas destinadas a reforzar la protección de las víctimas y combatir diferentes formas de violencia, incluyendo la vicaria, la digital y la económica. El debate previo a la votación estuvo marcado por un tono constructivo, según destacaron los distintos portavoces parlamentarios. «Un ejercicio de buena política, lejos del ruido y la crispación», señaló Júlia Boada, de Sumar. En contraste, Vox reiteró su rechazo a la legislación feminista, calificándola de «injusta» y «discriminatoria» para los hombres.
Medidas clave del Pacto
Entre las principales iniciativas del nuevo Pacto de Estado destacan:
- Violencia económica: Se reconoce y regula este tipo de violencia, que incluye impago de pensiones, alzamiento de bienes y administración desleal.
- Violencia vicaria: Se amplía el reconocimiento a los menores como víctimas y se refuerzan las garantías de protección.
- Violencia digital: Se proponen sanciones para quienes difundan contenidos vejatorios mediante tecnologías como la inteligencia artificial y los «deep fakes».
- Coordinación institucional: Se mejora la comunicación entre organismos judiciales y cuerpos de seguridad para garantizar una mejor protección de las víctimas.
El nuevo Pacto de Estado contará con una dotación presupuestaria de 1.500 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, 800 millones serán destinados a las comunidades autónomas, 500 millones a la Administración General del Estado y 200 millones a los ayuntamientos.
Un consenso amplio con matices
A pesar del amplio respaldo al texto, algunas formaciones han expresado reservas sobre su alcance. ERC ha criticado que no se incluyan referencias a la violencia obstétrica e institucional, mientras que desde Sumar han reconocido que, aunque es un paso adelante, no recoge todas las demandas feministas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, cerró el debate destacando la importancia del consenso alcanzado: «Los grandes acuerdos han sido esenciales para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia». No obstante, subrayó la necesidad de continuar desarrollando medidas legislativas e institucionales para implementar el compromiso adquirido por el Congreso.
