El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que beneficiará a presos de ETA, ignorando el veto del Senado que impulsó su presidente, Pedro Rollán, del Partido Popular (PP). Esta ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días. La Mesa de la Cámara Baja, donde la mayoría la ostentan el PSOE y Sumar, ha rechazado la interpretación del reglamento del Senado que hizo Rollán para intentar frenar la norma. Según la Mesa, dicha interpretación no respetó los procedimientos establecidos por la Constitución, que requiere que las propuestas de veto se presenten por escrito y dentro de los plazos fijados, algo que no ocurrió. El PP, que inicialmente compartía esta interpretación, también admite que no presentó ningún escrito formal de veto.
La norma en cuestión aprobada en el Congreso, sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, ha generado gran controversia al revelarse que su aprobación permitiría a los presos de ETA descontar las penas cumplidas en Francia. PP y Vox denunciaron este aspecto y aseguran que no conocían estas implicaciones hasta el último momento del proceso legislativo. A pesar de la tardanza en darse cuenta de este impacto, los populares reconocieron que ya no tenían margen de maniobra para frenar la aprobación de la ley, pues no habían registrado un veto de manera formal en el Senado, lo que exige el reglamento de dicha Cámara.
Maniobra del PP en el Senado
Ante esta situación, el PP intentó dilatar el proceso parlamentario para presionar al Gobierno y retirar la norma, pero sin éxito. Finalmente, el pasado lunes, Rollán sorprendió con un informe elaborado por los letrados del Senado, en el que se afirmaba que el «no» mayoritario de la Cámara Alta podía considerarse un veto, a pesar de no haber ninguna propuesta oficial en ese sentido. No obstante, la Mesa del Congreso, tras consultar al secretario general de la Cámara, decidió que esta interpretación no era válida y procedió a enviar la ley para su publicación en el BOE.
El vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), ha criticado duramente la actuación de Rollán, acusándolo de intentar «anteponer los intereses del PP» a los del conjunto de las Cortes Generales. Gómez de Celis argumenta que la votación en el Senado no fue presentada como un veto y que, además, se celebró fuera del plazo de 20 días que la Constitución establece para que el Senado se pronuncie sobre los proyectos de ley remitidos por el Congreso.
Con esta decisión, el Congreso aprobará y publicará finalmente la ley, pese al rechazo de una parte importante del Senado. Este episodio evidencia las tensiones entre las dos cámaras y entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP, en un momento en que la tramitación de leyes clave parece estar marcada por una creciente polarización política.
