La mayor ola de incendios en España en tres décadas vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales de la prevención de fuegos forestales, en un contexto en que la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre el cumplimiento de los planes preventivos exigidos por la normativa vigente. El fiscal jefe en la materia, Antonio Vercher, dirige los esfuerzos para esclarecer hasta qué punto la carencia o inadecuada aplicación de estos planes ha agravado el impacto de los recientes incendios, que han batido récords en cuanto a superficie afectada y han expuesto a la opinión pública la fragilidad de los mecanismos actuales.
La normativa estatal, a través de la Ley de Montes de 2003 y el Real Decreto-ley de 2022, establece la obligación para los municipios en zonas de alto riesgo de disponer de planes específicos para prevenir y mitigar incendios. Asimismo, desde hace tres años, las comunidades autónomas deben elaborar planes autonómicos, aunque el Gobierno central aún no ha aprobado las directrices comunes que deben regir estos programas. El proceso de consenso interadministrativo ha dilatado la publicación del real decreto, pese a que, según fuentes oficiales, la aprobación sería inminente.
La falta o el retraso de estos instrumentos no solo ha motivado investigaciones judiciales en casos concretos —como el reciente proceso en Arroyomolinos, Madrid—, sino que también genera inquietud en instancias como Greenpeace y otras organizaciones ecologistas. Estas entidades alertan sobre la falta de transparencia en la publicación y acceso a los planes y critican los niveles bajos de cumplimiento en municipios calificados como vulnerables.
Divergencias competenciales
A pesar de que el Ministerio de Transición Ecológica ha avanzado en la elaboración de un borrador de real decreto, las divergencias competenciales entre regiones y Estado han dificultado el cierre del proceso. El debate se centra en el grado de autonomía de las comunidades para desarrollar planes adaptados, la periodicidad de su elaboración y el sistema de seguimiento y supervisión. La publicación del documento sigue enfrentando aplazamientos.
La Fiscalía subraya que la ausencia de prevención ha vuelto a jugar un papel relevante en la extensión y severidad de los incendios y advierte sobre la posible responsabilidad penal de las administraciones que incumplan la normativa. Paralelamente, los expertos remarcan la urgencia de programas que permitan anticipar los riesgos antes de que se produzcan emergencias, incidiendo en la necesidad de planificación, actualización y aplicación efectiva durante todo el año.
España afronta este escenario mientras la proliferación y gravedad de los incendios forestales se asocian, cada vez más, al cambio climático y a la transformación socioeconómica del medio rural. El impulso a la prevención constituye así un elemento clave para enfrentar futuros riesgos y fortalecer la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos.
