El Gobierno de España ha propuesto a las comunidades autónomas una nueva medida para blindar de forma permanente el parque público de vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado la situación de la vivienda en España como una “emergencia social” y ha señalado que el objetivo de esta medida es garantizar el acceso a un techo digno y asequible para todos los ciudadanos. Rodríguez ha avanzado también que se está preparando un aumento significativo de recursos económicos a través de los Presupuestos Generales del Estado, los cuales incluirán la movilización de más suelo público, entre otras iniciativas.
Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra explicó que el Gobierno ya ha comenzado a movilizar activos, como los gestionados por el Sepes y la Sareb, con el objetivo de ampliar el parque de viviendas públicas. Además, recordó que desde 2012 apenas se han construido viviendas de protección oficial (VPO), lo que ha contribuido a agravar el déficit de vivienda pública en el país. Frente a esta situación, la propuesta del Gobierno busca impedir que las viviendas públicas pasen al mercado libre, asegurando su carácter social de forma indefinida.
El Gobierno también está negociando con la Comisión Europea la posibilidad de crear un fondo europeo de vivienda, que ayudaría a financiar las políticas de vivienda en el país. Rodríguez ha citado como ejemplo la reciente movilización de 4.400 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya para políticas de vivienda, animando a otras comunidades autónomas a seguir esta senda.
Medidas para el alquiler
Además de blindar el parque público, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para limitar los precios de los alquileres y evitar abusos en el mercado, respetando las competencias autonómicas. La ministra ha subrayado la importancia de luchar contra el uso ilegal de viviendas con fines turísticos y los alquileres estacionales descontrolados, que han elevado los precios, especialmente en las grandes ciudades.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno ha recibido duras críticas tanto de la oposición como de sus socios parlamentarios. El Partido Popular (PP) ha tachado las políticas de vivienda del Ejecutivo de “fracaso rotundo”, acusándolo de no haber logrado resultados efectivos en esta área a pesar de contar con herramientas y recursos. Otros partidos, como Sumar, han reclamado una intervención más contundente en los precios del alquiler y una reforma fiscal que limite la compra de viviendas por grandes inversores.
El Gobierno sigue defendiendo que la crisis de vivienda en España requiere una acción urgente, comprometiéndose a priorizar esta cuestión en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará antes de fin de año en Cantabria. Rodríguez ha subrayado que revertir la brecha de desigualdad que el alto coste de la vivienda está generando en la sociedad es uno de los objetivos prioritarios de su legislatura.
