El Gobierno ha decidido imponer condiciones excepcionales a la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Aunque la operación cuenta con el aval de la CNMC y el Banco Central Europeo, el Consejo de Ministros ha exigido que el Sabadell mantenga su personalidad jurídica, patrimonio y autonomía durante al menos tres años —ampliables a cinco—, y ha prohibido cualquier fusión, despido o reestructuración que derive de la absorción.
Se trata de una intervención sin precedentes en la banca española reciente, amparada en la Ley de Defensa de la Competencia, pero con el foco puesto en el “interés general”. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el objetivo es preservar el empleo, la cohesión territorial, el crédito a pymes y la red de oficinas, especialmente en zonas sensibles. En la práctica, el BBVA no podrá integrar ni reestructurar el Sabadell, ni ejecutar las sinergias previstas de 850 millones de euros. Tampoco podrá cerrar sucursales ni acometer un ERE.
La medida llega tras la fuerte presión de Sumar, los socios del Gobierno y la sociedad catalana. Foment del Treball alertó de un posible recorte de hasta 75.000 millones en crédito a empresas. El Ejecutivo ha optado por blindar la autonomía del Sabadell en cinco áreas clave: crédito, recursos humanos, red de oficinas, obra social y gestión. Además, el nuevo consejo de administración que nombre el BBVA deberá respetar normas de buen gobierno y no podrá fusionar las entidades durante el periodo estipulado.
Siguiente movimiento: BBVA
Estas condiciones del Gobierno ponen en duda la viabilidad económica de la operación sobre el Banco Sabadell, que ahora el BBVA deberá reevaluar. Su presidente, Carlos Torres, ha recordado que puede retirar legalmente la opa si la rentabilidad se ve comprometida. Además, no descarta recurrir la decisión ante el Supremo por considerar que el Ejecutivo ha excedido sus competencias legales.
Bruselas también observa con recelo la maniobra de Moncloa. La Comisión Europea ha advertido que la intervención podría vulnerar los principios de libre mercado y competencia recogidos en los tratados comunitarios. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que su decisión es legal, proporcionada y cuenta con el aval de la Abogacía del Estado y del Tribunal de Justicia de la UE.
Si el BBVA decide seguir adelante, deberá remitir un nuevo folleto con las condiciones actualizadas a la CNMV, que podría autorizar la opa este mismo mes de julio. A partir de entonces se abriría un periodo de aceptación de entre 30 y 70 días.
