El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, gracias a un acuerdo de última hora con partidos de la izquierda, como Podemos, y algunos socios de derecha. La votación final se resolvió con 178 votos a favor frente a 171 en contra, tras intensas negociaciones que tuvieron lugar hasta pocas horas antes de la sesión parlamentaria.
El papel de Podemos fue crucial en el desenlace de esta reforma. Hasta el mismo día de la votación, los cuatro diputados del partido mantenían su oposición, lo que ponía en riesgo la aprobación de la ley y, a su vez, la estabilidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Apoyo de Podemos
Sin embargo, Podemos acordó finalmente apoyar la reforma tras obtener un compromiso del Gobierno: la creación de una nueva ley que establecerá un impuesto a las grandes compañías energéticas antes de fin de año, o la extensión del actual gravamen hasta 2025. La medida cuenta con el apoyo de otros socios de izquierda, pero enfrenta la oposición de partidos como el PP y Vox, así como la reticencia de Junts y el PNV.
El acuerdo también establece que el nuevo impuesto será compatible con inversiones en descarbonización, una condición crucial para asegurar el respaldo de Junts, formación liderada por Carles Puigdemont. La negociación se produjo en un contexto marcado por fuertes tensiones parlamentarias, donde salieron a relucir acusaciones de corrupción a raíz de las denuncias del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
Pese a estas fricciones, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado, destacando su importancia para el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente tras los recientes episodios de dana en Valencia. El presidente también enfatizó la necesidad de hacer que grandes empresas y entidades financieras asuman una mayor carga fiscal en beneficio del Estado del Bienestar.
Reforma fiscal
Por otro lado, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó la relevancia de la reforma para asegurar un sistema fiscal más justo y redistributivo, así como para cumplir con las exigencias europeas. Montero confirmó que se creará una comisión negociadora en la que participarán diversos partidos políticos, entre ellos el PNV, Junts, Esquerra Republicana, Bildu y Coalición Canaria, para definir el nuevo impuesto antes del 31 de diciembre. De no alcanzarse un consenso, el Gobierno prorrogaría el impuesto existente mediante un Real Decreto Ley para 2025.
Sin embargo, no todos los partidos se muestran satisfechos con el procedimiento seguido por el Gobierno. Junts advirtió que no respaldará un decreto que imponga el tributo a las energéticas si no cuenta con su apoyo en la fase de convalidación en el Congreso. El PNV también expresó su descontento, alegando que no había sido consultado previamente sobre los términos del acuerdo alcanzado con Podemos.
