La investigación judicial sobre las actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez se amplía con la remisión de una nueva denuncia al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, órgano que ya dirige diligencias en su contra. La titular del Juzgado de Instrucción Número 44, María Isabel Durantez, apreció indicios de una posible infracción penal en los audios en los que Díez aparece ofreciendo favores judiciales a cambio de información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
La decisión se enmarca en la aplicación de la norma que establece la preferencia del juzgado que primero inició la causa cuando existen procedimientos sobre los mismos hechos. El juez Arturo Zamarriego, responsable del Juzgado Número 9, ya había citado a Díez como investigada para noviembre, junto a varios testigos de relevancia política y empresarial, como el abogado Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, vinculado al ‘caso Koldo‘.
La denuncia, presentada por Iustitia Europa, señala la posible comisión de delitos como prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia, encubrimiento, pertenencia a organización criminal y revelación de secretos. Se trata del tercer procedimiento abierto en Madrid contra la exmilitante, a la que también se investiga por parte de otros juzgados a raíz de denuncias de asociaciones de la Guardia Civil.
Vínculo judicial y político
Díez, que fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas y ocupó cargos de confianza vinculados al entorno de Pedro Sánchez, ha negado actuar en representación del partido o de cualquier cargo público, atribuyendo sus actuaciones a un proyecto personal de investigación para un libro sobre presuntas “cloacas del Estado”. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que mantuvo reuniones con empresarios y mandos de la Guardia Civil en las que habría ofrecido protección judicial y ventajas institucionales a cambio de información que pudiera afectar a causas sensibles para el Partido Socialista.
El caso, que conecta a la exdirigente local con tramas de alto impacto político y judicial, se suma a un contexto de creciente escrutinio sobre las redes de influencia y las relaciones entre antiguos miembros del PSOE y determinadas estructuras del Estado. La evolución de las diligencias en el Juzgado Número 9 marcará un nuevo capítulo en una investigación que, por su alcance y las personas implicadas, trasciende el plano individual para adentrarse en el terreno de la reputación institucional y la transparencia política en España.
