El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, y ha declarado extinguida su responsabilidad criminal por la sentencia del procés de 2019. El auto, fechado el 20 de octubre de 2026, levanta la inhabilitación que aún cumplían: hasta 2031 en el caso de Junqueras y hasta 2030 en el de los otros tres. Los cuatro vuelven a ser elegibles, y el Alto Tribunal aprovecha la ocasión para afearle al Constitucional su proceder.
La Sala de lo Penal asume «en su integridad» la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a Bassa el 6 de octubre, aprobada por siete votos frente a cinco. Firman el auto Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, que actúa como ponente y presidió el tribunal del procés, y Antonio del Moral. Aunque el amparo solo afectaba a Bassa, el Supremo extiende sus efectos a Junqueras, Turull y Romeva porque considera «coincidente» su situación jurídica.
El auto también traslada al Ministerio de Justicia la petición de cancelar los antecedentes penales de los cuatro, a la que se suman las defensas de Joaquín Forn, Meritxell Borràs, Carme Forcadell y Josep Rull, condenados por sedición, un delito derogado en 2023 y sustituido por desobediencia. Con ello, los doce condenados del procés se quedan sin condena efectiva.
Un reproche sin precedentes al Constitucional
El Supremo acata, pero no se calla. Habla de una «innecesaria grandilocuencia» del Constitucional, que, a su juicio, pretende «adornar un razonamiento invasivo» del ámbito jurisdiccional del Supremo con expresiones destinadas a «camuflar la intensidad de la injerencia». Rechaza además que se atribuyan a la Sala una «drástica contradicción» o una «interpretación impredecible» de la ley.
Marchena y sus compañeros recuerdan que el auto anulado seguía la interpretación del delito de malversación «mantenida durante décadas». Por eso insisten en que no ven aquí un conflicto institucional, sino «una ruptura» del Constitucional «con su propia jurisprudencia histórica». Y rematan con un aviso de calado: la conversión del tribunal de garantías en una «última instancia» revisora de la legalidad ordinaria «está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978».
El Supremo añade un argumento numérico, aunque admite que el acierto de una resolución no se mide por votos. La decisión de siete magistrados, sostiene, alcanza a otros catorce que defendieron la tesis ahora descartada: cinco del Supremo que firmaron las resoluciones recurridas, tres de la Sala de Apelación, el instructor y cinco del propio Constitucional que suscribieron el voto particular. Ese voto discrepante ya acusaba a la mayoría de una «reiterada suplantación» del papel del Supremo.
Regreso a la primera línea, sin rectificación
El calendario político no es casual. Junqueras ya ha anunciado su aspiración a ser candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, en plena reconstrucción interna del partido tras su ruptura con el sector de Marta Rovira. Turull, secretario general de Junts, recupera la elegibilidad, y el lunes el magistrado Pablo Llarena confirmó la anulación de la orden de detención contra Carles Puigdemont, que sigue pendiente de la causa por malversación. Este miércoles, el Constitucional prevé rechazar el amparo de Turull por falta de objeto, ya que la amnistía le ha sido aplicada.
La amnistía fue la contrapartida que ERC y Junts arrancaron a Pedro Sánchez en la investidura de noviembre de 2023. Casi tres años después, no la cierra un tribunal, sino una mayoría parlamentaria y una de siete votos en el Constitucional. Los beneficiarios vuelven a ser elegibles sin renunciar al relato ni a la vía unilateral, mientras el Gobierno sigue sin explicar con claridad qué obtuvo el Estado a cambio de pagar esa factura.