Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente político con su pacto con Oriol JuCatalunqueras para reformar la financiación autonómica y dar a Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales, según la cifra difundida tras el acuerdo con ERC. El entendimiento incorpora el principio de ordinalidad —Cataluña mantendría una posición similar en aportación y en recepción— y ha activado una reacción inmediata de comunidades gobernadas por el PP y también de Emiliano García‑Page (PSOE), que denuncia un golpe a la igualdad territorial.
Sánchez recibió a Junqueras en La Moncloa en su primer encuentro desde la salida de prisión del líder de ERC en 2021, tras el indulto concedido por el propio presidente. Junqueras, inhabilitado para cargo público hasta 2031 por su condena vinculada al 1‑O, ha presentado el acuerdo como un avance político de calado. La imagen del dirigente de ERC marcando el paso en un asunto central del Estado alimenta la crítica de “cesión” y deja al Gobierno expuesto a la acusación de usar la financiación como moneda de cambio parlamentaria.
Modelo «más justo»
El Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo resultará “más justo” y que aumentará los recursos para todas las comunidades para financiar mejor los servicios públicos. En cualquier caso, el choque no gira solo en torno a Cataluña: también enfrenta dos principios difíciles de conciliar, la suficiencia financiera y la solidaridad interterritorial, en un momento de alta sensibilidad electoral.
Alberto Núñez Feijóo ha rechazado el pacto y ha enmarcado la operación como un deterioro institucional, mientras varios presidentes autonómicos del PP anuncian respuesta política y legal. Jorge Azcón (Aragón) habla de agravio directo y exige la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) eleva el tono y abre la puerta a acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno concreta “privilegios”. Juanma Moreno (Andalucía) ataca el método y acusa a Sánchez de negociar de forma unilateral con un dirigente del ‘procés’.
Críticas de García-Page
El elemento más incómodo para Sánchez llega desde su propio espacio: García‑Page acusa al Gobierno de cruzar una “línea roja” ideológica si altera la igualdad entre territorios y señala el riesgo de que ERC busque primero “independencia económica” y después un objetivo político mayor. El Gobierno, por su parte, intenta acelerar la presentación del modelo en plena precampaña territorial, con María Jesús Montero como figura clave en la exposición de la propuesta.
En términos de fondo, el pacto refuerza una dinámica que tensiona el Estado autonómico: la negociación bilateral con un socio decisivo para la estabilidad parlamentaria, la sensación de trato singular y la contestación de otras comunidades que exigen reglas comunes y multilateralidad real. Sánchez asume el coste de ese camino; Junqueras capitaliza la palanca política.
