El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de la eutanasia con amplia mayoría y la oposición de PP y Vox, una norma que permitirá que las personas con «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» puedan solicitar ayuda médica para morir.
Con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, la Ley de eutanasia ha salido finalmente adelante y entrará en vigor dentro de tres meses, plazo con el que cuentan las comunidades autónomas para poner en marcha en cada una de las regiones una Comisión de Garantía y Evaluación, órgano encargado de supervisar cada caso.
Desde el PP creen que esta ley señala a ciertos colectivos y les presiona para solicitar la eutanasia. «Los más frágiles de la sociedad tienen motivos para el desasosiego y el miedo», ha subrayado el diputado José Ignacio Echániz durante su intervención en el hemiciclo.
Lo mismo opina Vox, que ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). «Más pronto que tarde les ganaremos y construiremos todo lo que han destruido y les daremos esperanza a quienes la hayan perdido», ha asegurado la diputada Lourdes Méndez.
¿Qué supone la ley de eutanasia?
La prestación para la ayuda a morir formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, como en el domicilio del enfermo, y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.
España, séptimo país que reconoce este derecho
Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre; y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).
