La hostelería catalana en pie de guerra contra el Govern

Los bares y restaurantes catalanes deberán cerrar durante dos semanas, y los comercios tienen que reducir su aforo a un 30 por ciento. Así lo ha comunicó ayer miércoles 14 de octubre el Govern de la Generalitat de Catalulña a patronales y sindicatos. Estas son las nuevas medidas restrictivas para contener el aumento de casos de Covid-19. Además, en algunos comercios se contempla también la venta con cita previa. Está previsto que la orden entre en vigor tan pronto como se publique en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Por su parte, el Gremi de Restauració de Barcelona anunció que llevará la medida ante los tribunales para intentar paralizarla. Este es un sector muy dañado por la crisis derivada del coronavirus. Además, el gremio se siente “estigmatizado” y avisa que hasta una cuarta parte de los negocios podrían cerrar definitivamente por la caída drástica de los ingresos.

Roger Pallarols afirma que esta medida “perjudicará todavía más la viabilidad económica de miles de familias“

Las nuevas limitaciones han causado indignación en la restauración y la hostelería. Según publica La Vanguardia, no entienden que autobuses, metro y trenes puedan ir llenos de pasajeros en hora punta, sin posibilidad de mantener la distancia de seguridad, mientras que los locales que cumplan las medidas sanitarias no puedan mantener la actividad.

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona afirmó que “antes de tomar una medida drástica de cierre de la actividad de restauración, una medida que perjudicará todavía más la viabilidad económica de miles de familias, y antes de hundir la ciudad de Barcelona con una iniciativa de estas características, se han de encontrar otras alternativas”.

Respuesta del Govern

En este sentido, el Govern está dispuesto a facilitar algún tipo de ayuda económica para los negocios que tengan que limitar su actividad. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, anunció que el ejecutivo catalán aprobará ayudas para la restauración con una dotación inicial de 40 millones de euros y una nueva línea de avales para cubrir necesidades de liquidez.

Meritxell Budó, la portavoz del Govern, explicó también que se incorporará en el Código Civil catalán una cláusula llamada ‘rebus sic stantibus’ con el objetivo de “acompañar a aquellas actividades que no podrán hacer frente a su alquiler” debido a las medidas restrictivas decretadas ahora o en el futuro. Tal y como informa el medio citado, comercio y restauración copan, junto con el turismo, los expedientes de regulación temporal de empleo activos en Cataluña, como en el resto de España.