Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en el foro internacional World in Progress para prometer una nueva partida de 200 millones de euros destinada al acceso de los jóvenes a la vivienda a través del Bono Alquiler Joven. Este anuncio se produce en medio de una investigación por presunta financiación ilegal en la que el Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE. El presidente del Gobierno evitó cualquier mención al caso y desvió la atención hacia medidas de vivienda para la juventud y la regulación del alojamiento turístico, esperando que la tormenta escampe en algún momento.
La medida estrella de su intervención, que será aprobada mañana en el Consejo de Ministros, establece un presupuesto de 200 millones de euros para subvencionar alquileres a jóvenes de entre 18 y 35 años. Esta ayuda, que consiste en un bono de 250 euros mensuales durante dos años, permitirá a los beneficiarios acceder a un total de 6.000 euros en subvenciones, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 21.600 euros. Sánchez también adelantó que su gobierno está preparando un nuevo reglamento para evitar fraudes en el mercado del alquiler turístico y de temporada, un sector con tensiones crecientes en ciudades como Barcelona y Madrid.
Manifestación en Madrid por la vivienda
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, anticipó la medida tras una manifestación en Madrid donde miles de personas reclamaron mayor protección para el derecho a la vivienda. «El Gobierno escucha con atención y comparte esa demanda», aseguró Sánchez. Esta convocatoria, además, cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas, que ya habían ratificado la distribución de los fondos en la Conferencia Sectorial de Vivienda de octubre.
Sin embargo, no todos los actores dentro del Gobierno están conformes con las acciones propuestas. Sumar, el socio minoritario en la coalición de gobierno, ha mostrado su descontento con las políticas del PSOE en materia de vivienda. Ernest Urtasun, portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz, criticó duramente las medidas de Sánchez, acusándolas de ser «insuficientes» y calificando el bono de «parche» que no aborda el problema estructural de la vivienda. Urtasun insistió en la necesidad de intervenciones más radicales, como el control de precios de alquiler en todo el país, y reprochó que el dinero destinado a los bonos «acaba en manos de los rentistas», en lugar de solucionar la raíz del problema.
