La Moncloa ha anunciado la rescisión unilateral del contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems, valorado en más de seis millones de euros. Esta decisión, adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras intensas conversaciones con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, busca preservar la cohesión de la coalición progresista y mantener la coherencia política del Ejecutivo en relación con el conflicto en Gaza.
El contrato, gestionado por el Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, había generado una fuerte polémica interna y pública. Marlaska defendió la continuidad del acuerdo por razones económicas, alegando que su anulación supondría pagar el importe íntegro sin recibir el material necesario para la Guardia Civil. Sin embargo, Sánchez priorizó el coste político y reputacional, dada la postura del Gobierno español en defensa de la causa palestina y su reciente participación en una denuncia contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Tribunal de La Haya.
La presión de Yolanda Díaz fue constante desde que la noticia, adelantada por la Cadena SER, reveló que el contrato se había tramitado durante la Semana Santa, sin el conocimiento de Sumar ni de la cúpula de La Moncloa. Díaz calificó el acuerdo como una «vulneración flagrante» de los compromisos del Gobierno y de la legalidad internacional, exigiendo su inmediata anulación. IU, socio de Sumar, había advertido de la posibilidad de romper la coalición si no se rectificaba.
Presiones internas en Sumar
Finalmente, La Moncloa zanjó la crisis con una declaración contundente: «Tras agotar todas las vías negociadoras, se ha decidido rescindir unilateralmente el contrato», asegurando además que no se autorizará ninguna importación de material militar de doble uso procedente de Israel mientras persista el conflicto en Gaza. Esta decisión se alinea con el compromiso del Ejecutivo de no comerciar armamento con Israel desde el 7 de octubre de 2023.
La crisis dejó políticamente debilitado a Grande-Marlaska, mientras que la izquierda del PSOE sigue mostrando descontento. Podemos, por su parte, mantiene la presión sobre Sumar, denunciando otros contratos militares vigentes con Israel y criticando el aumento del gasto en defensa aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. La eurodiputada Irene Montero ha reiterado el rechazo de su partido al incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB, acusando al Gobierno de comprometer el bienestar de la ciudadanía.
Aunque la rescisión del contrato de munición ha aliviado la tensión en la coalición, persisten las discrepancias sobre la política de defensa. La mesa de partidos de Sumar ha acordado establecer mecanismos para evitar decisiones unilaterales en el Ejecutivo, buscando fortalecer la coordinación interna en un contexto político especialmente delicado.
