La sesión de hoy en el Congreso de los Diputados sobre la política migratoria ha generado una intensa polémica entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición. La creciente presión migratoria, especialmente en las Islas Canarias, y las distintas posturas de los partidos sobre cómo gestionarla impulsaron el debate.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió las políticas del Ejecutivo, destacando que la acogida de migrantes no solo es un deber humanitario, sino también crucial para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar, especialmente en el contexto del envejecimiento de la población. Subrayó que el 94% de los migrantes que han llegado a España en los últimos diez años lo han hecho de manera legal, desmintiendo las acusaciones de una supuesta «invasión» migratoria. Asimismo, Sánchez propuso medidas como la reforma del reglamento de extranjería y un Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural, destinado a mejorar la integración de los migrantes en la sociedad española.
Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, criticó duramente estas políticas. Alberto Núñez Feijóo, del PP, reprochó al Gobierno por no controlar adecuadamente la inmigración irregular, y acusó a Sánchez de ocultar datos sobre el impacto real de las llegadas. Santiago Abascal, líder de Vox, fue más lejos al describir la situación como una «invasión migratoria», culpando al Gobierno de alentar la llegada masiva de inmigrantes, lo que según él, pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles.
El debate también incluyó momentos de alta tensión cuando Vox sugirió que la mayoría de los migrantes irregulares eran hombres jóvenes que no provenían de países en conflicto, rebatido por Sánchez, quien destacó que muchos de estos trabajadores ocupan empleos fundamentales en sectores como la agricultura y la construcción.
