El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo electrónico ligado al caso de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además de la inhabilitación, la sentencia impone una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario afectado. La resolución, adoptada por mayoría de cinco magistrados frente a dos, marca un precedente en la historia judicial española al ser la primera vez que se juzga y condena a un fiscal general por hechos de este calibre.
El fallo llega tras menos de una semana de finalizar el juicio, un ritmo inusual para este tipo de procesos. La sentencia aún se encuentra pendiente de redacción, pero la decisión del tribunal ya es firme: García Ortiz ha sido considerado responsable de difundir información protegida, después de que el correo del abogado de González Amador en el que se reconocían delitos fiscales fuera filtrado a la prensa. Dicha filtración contradecía la versión pública difundida por el entorno de Díaz Ayuso, que atribuía al Ministerio Público la propuesta de pacto, mientras que la Fiscalía sostenía que fue la defensa quien lo sugirió.
“La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.
Durante el proceso, García Ortiz defendió su inocencia y mantuvo que ni él ni su entorno divulgaron el contenido del correo. El fiscal general argumentó en su declaración que “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Pese a esa postura, la mayoría del tribunal avaló la condena y sólo dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, anunciaron la presentación de votos particulares en favor de la absolución.
El delito de revelación de secretos, por el que finalmente se le ha condenado, comporta sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación temporal para cargos públicos, y puede agravarse en determinados supuestos. La decisión del tribunal opta por penas situadas en la franja más baja del rango previsto en el Código Penal español. Aunque la sentencia todavía no admite recurso ordinario, García Ortiz podría intentar un incidente de nulidad —con pocas posibilidades de prosperar— o, como última instancia, acudir al Tribunal Constitucional para solicitar amparo.
El proceso ha estado marcado por la insistencia del fiscal general en no dimitir pese al avance del caso. Ahora, la inhabilitación obliga a García Ortiz a dejar el cargo, abriendo un nuevo escenario para la Fiscalía General del Estado. Este desenlace se produce en un contexto de división judicial, resuelto finalmente por mayoría, y con plena visibilidad pública no sólo por las circunstancias del caso sino por las implicaciones políticas de fondo. El debate público y la actividad profesional de la fiscalía quedarán previsiblemente bajo escrutinio en los próximos años.
