El Tribunal Supremo de España ha encausado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de datos reservados sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión, adoptada por unanimidad por la Sala Segunda, convierte a García Ortiz en el primer fiscal general de la historia de España en enfrentar una causa penal. Los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela acordaron abrir el procedimiento penal tras considerar que la conducta de García Ortiz podría encajar en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a quienes revelen informaciones confidenciales obtenidas por razón de su cargo.
El caso se remonta a una nota de prensa emitida en marzo de 2024 por la Fiscalía Provincial de Madrid, en la que se revelaban detalles sobre un acuerdo negociado entre el Ministerio Fiscal y Alberto González Amador, empresario y pareja de Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad documental. Esta filtración fue severamente criticada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que presentó una querella contra García Ortiz, alegando que la revelación violaba el derecho de defensa de González Amador. La sala del Supremo también ha aceptado investigar a Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, quien presuntamente proporcionó información al fiscal general para la elaboración de la nota.
Información clasificada
La Sala Penal del Supremo subraya que uno de los elementos clave en este tipo de delitos es la existencia de una autoridad que divulgue información clasificada, algo que consideran presente en este caso. Además, la sala destaca que la ley tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de posibles daños ocasionados por la revelación de secretos que podrían perjudicar sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la defensa del fiscal general ha argumentado que la prensa ya había divulgado las informaciones contenidas en la nota días antes de su publicación oficial. A pesar de esto, el Supremo sostiene que la difusión de esta información comprometió la presunción de inocencia y el derecho de defensa del empresario, afectando de manera negativa el curso de su proceso judicial.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso son los mensajes de texto intercambiados entre García Ortiz y Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, en los que el fiscal general urgía a la difusión de la nota de prensa para evitar que los medios controlaran el relato de los hechos. En los mensajes, García Ortiz manifestaba su preocupación por perder el control de la narrativa pública, lo que según los querellantes revela una intención deliberada de influir en la opinión pública a través de la revelación de información confidencial.
