Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha ingresado en prisión provisional en el marco del denominado «caso Koldo«, mientras insiste en desvincularse de cualquier trama corrupta y presenta su imputación como una represalia por su papel clave en la consolidación de los gobiernos de Pedro Sánchez. Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, y en una estrategia de defensa centrada exclusivamente en responder a su abogado, Cerdán reivindicó su papel como “arquitecto de los gobiernos progresistas” y se presentó como objetivo de una campaña motivada políticamente.
El exdirigente socialista hizo un repaso por su trayectoria negociadora desde la moción de censura de 2018, hasta la reciente investidura de Sánchez en 2023, apuntando que su labor con formaciones como el PNV o Junts fue determinante. En su intervención, vinculó su situación judicial a su rol como interlocutor político con actores clave del bloque de investidura. Afirmó incluso que el siguiente en recibir investigación podría ser el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por haber negociado con ERC, insinuando que se trata de un patrón dirigido contra quienes facilitaron los pactos de gobernabilidad.
Papel de Santos Cerdán en la trama Koldo
Cerdán negó haber recibido comisiones o haber intervenido en adjudicaciones irregulares. En cuanto al contrato que lo vinculaba a la empresa Servinabar, una de las piezas de la investigación, aseguró que fue anulado tras consultar con su entorno familiar, y que su intención inicial era abandonar la política. También rechazó conocer a Víctor de Aldama, empresario que lo implicó en la supuesta trama, y desmintió los pagos en metálico atribuidos a él.
En lo relativo a su relación con Koldo García —el antiguo asesor ministerial que da nombre a la investigación—, Cerdán indicó que lo conocía desde 2010 y lo describió como un “escolta jubilado” que se ofreció para colaborar con el PSOE en Navarra. Reconoció, además, haber mantenido contacto con otros altos cargos implicados en la causa, como la ex presidenta de Adif o el ex director general de Carreteras, aunque defendió que esas relaciones sirvieron para desbloquear proyectos territoriales.
La defensa de Cerdán antes de que entrase en prisión cerró la comparecencia subrayando que la causa podría responder a una estrategia judicial de desgaste político contra el actual Ejecutivo. El abogado Benet Salellas citó ejemplos internacionales para sostener esta tesis, aludiendo al uso de las investigaciones judiciales como herramienta de presión contra figuras políticas relevantes.
A falta de que se resuelva su situación procesal definitiva, el caso Cerdán adquiere una nueva dimensión: no solo jurídica, sino también política, en un contexto de alta polarización institucional en España.
