El magistrado Leopoldo Puente, instructor del denominado ‘caso Koldo‘ en el Tribunal Supremo, ha decidido mantener en libertad al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Esta decisión llega tras la última comparecencia judicial, donde el exdirigente socialista se acogió a su derecho a no declarar, evitando así explicar el origen de diversos ingresos en metálico que, según la última investigación de la Guardia Civil, carecen de justificación conocida.
El juez ha mostrado su “estupor” por el hecho de que, pese a los indicios cada vez más sólidos de la presunta comisión de graves delitos, Ábalos continúe ejerciendo como diputado del Grupo Mixto en el Congreso. De hecho, Puente sugiere la necesidad de una reflexión profunda sobre el Reglamento de la Cámara Baja, al señalar que no es comprensible que una persona investigada por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de la función pública pueda seguir ejerciendo responsabilidades legislativas y de control al Gobierno.
La instrucción judicial señala que los indicios de delito contra Ábalos han ido en aumento, con las últimas pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que apuntan a movimientos relevantes de dinero en efectivo cuya procedencia no ha podido ser justificada. En concreto, los informes revelan el ingreso de cantidades significativas en las cuentas bancarias del diputado, sin que constara movimiento anterior en metálico proveniente de dichas cuentas. Una parte de estos fondos, según la investigación, habría llegado incluso a través de sobres con el membrete del PSOE.
Prisión provisional, descartada
No obstante y a pesar de la gravedad de estos hechos, el magistrado descarta por ahora la prisión provisional, entendiendo que el riesgo de fuga no alcanza actualmente la intensidad suficiente, aunque advierte de que este riesgo podría incrementarse conforme avance el procedimiento y se acerque un eventual juicio. Puente respalda con ello el criterio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien también considera que la situación procesal podría endurecerse en el futuro, pero estima suficiente el mantenimiento de las actuales medidas cautelares.
Durante su comparecencia, Ábalos alegó indefensión y la falta de confianza en su abogado, así como dificultades para preparar su declaración. El magistrado, sin embargo, limitó el trámite a dilucidar si el exministro declararía, advirtiéndole de que debía ceñirse al objeto de la citación.
El resultado es que Ábalos deberá seguir cumpliendo con su obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, además de la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Mientras se avanzan las pesquisas judiciales, la permanencia de Ábalos en el Congreso de los Diputados continúa generando debate sobre los límites y la idoneidad de la representación parlamentaria en contextos de investigación penal.
