El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por unanimidad los aspectos clave de la ley del «sólo sí es sí», la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, si bien Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto.
El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y que se opone al núcleo de la norma.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado que la norma seguirá adelante: «Sólo sí es sí. Será ley», ha escrito en Twitter
A las puertas de su renovación, el pleno del CGPJ ha respaldado la propuesta sobre la ley de libertad sexual elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).
El dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una «inversión de la carga de la prueba».
El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Montero indica que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».
El problema, alerta el CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: «Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia».
Aspectos clave en discordia
Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada «victimización secundaria», ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.
El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación -que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada- tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.
El CGPJ cree que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.
«Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante», ha destacado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Una vez emitidos los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo Económico y Social, el anteproyecto de ley de libertad sexual debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.
