La Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen ha presentado una propuesta de presupuesto para el periodo 2028-2034 que supone un giro estructural en la forma en que la Unión Europea distribuye y gestiona sus recursos. Con un volumen total cercano a los 1,8 billones de euros —el 1,26 % del PIB comunitario—, el plan no solo incrementa ligeramente el peso financiero respecto al marco 2021-2027 (1,13 %), sino que redefine prioridades y métodos de ejecución con una orientación marcada hacia la seguridad, la competitividad y la simplificación institucional.
Una de las apuestas más contundentes del nuevo marco es la quintuplicación del gasto en defensa, que ascenderá a 131.000 millones de euros. Esta partida se integra en un Fondo de Competitividad dotado con 451.000 millones, que también incluirá políticas digitales, transición energética y programas científicos como Horizon Europe. A ello se suma un plan de acción exterior de 200.000 millones, con fondos dedicados a Ucrania y la futura ampliación de la UE.
El cambio más relevante, sin embargo, reside en la redistribución del poder presupuestario: las tradicionales políticas agrarias, de cohesión y regionales —hasta ahora gestionadas de forma descentralizada— se integrarán en 27 planes nacionales, siguiendo un modelo similar al de los fondos Next Generation EU. Esta decisión concentra el control en los Estados miembros, disminuye el margen de acción de las regiones y reduce el número de programas operativos de 500 a apenas una treintena de estructuras estatales.
Reacciones
Las regiones y organizaciones agrarias han mostrado ya su preocupación ante esta reestructuración. Consideran que el nuevo modelo podría diluir políticas específicas para zonas rurales o sectores vulnerables. La partida destinada a agricultura se situará en un mínimo de 300.000 millones de euros, por debajo de los 380.000 del actual marco financiero. A su vez, las regiones menos desarrolladas contarán con una base de 218.000 millones, mientras que interior y seguridad recibirán al menos 34.000 millones.
Pese a la centralización, Bruselas ha establecido porcentajes mínimos de gasto nacional dirigidos a prioridades comunes: un 35 % para transición climática y medioambiental, y al menos un 14 % con enfoque social. Estos requisitos buscan garantizar que la europeización de las políticas no se diluya completamente en dinámicas nacionales.
La propuesta de Ursula von der Leyen abre ahora un largo periodo de negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, donde volverán a aflorar las tradicionales divisiones entre los países del norte y del sur. Mientras que los primeros, como Países Bajos, consideran el presupuesto de Von der Leyen excesivo, otros como España ya han reclamado un aumento que supere incluso el 2 % del PIB.
