¿Sabemos todos qué es el caso Bilore? o ¿de qué va el asunto bautizado con el nombre de Faja Pirítica? ¿Quién es, por ejemplo, Rafael Blasco Caetano?

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Llevamos tiempo ventilando el clima de tangentopoli que atufaba en demasiadas cuevas de Alí Babá, pero uno no puede dejar de preguntarse por qué esa misma alarma social que se enciende con estridencia en determinados casos permanece increíblemente callada en otros de mayor enjundia.

La juez María Ángeles Núñez Bolaños
La juez María Ángeles Núñez Bolaños

Así, el (presuntamente) amañado máster de Cristina Cifuentes hace semanas que roba protagonismo, es decir páginas y minutos en periódicos y tertulias, al juicio que se está celebrando sobre el (presunto) caso de corrupción más grande producido en España, el de los ERE en Andalucía. Una macrocausa que acumula más de 250 piezas separadas y cientos de investigados. Todo ello, al margen de la “pieza política” –la juez María Nuñez, que sustituyó a Mercedes Alaya, decidió abrir una pieza separada sobre el procedimiento específico con el que durante una década la Junta repartió los 850 millones presupuestados para ayudas sociolaborales- que enjuicia a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta.

Una pieza separada que ha servido a la juez instructora para “desimputar” a altos cargos en las piezas concretas de cada ERE (presuntamente) fraudulento, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción alertara de que las desimputaciones masivas podrían generar “un intolerable espacio de impunidad” ante el supuesto fraude de las ayudas. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que recurrir, caso a caso, algunas de estas desimputaciones. Por ejemplo, el archivo para seis ex altos cargos de la Junta ordenado por Nuñez en relación a la causa que investiga las subvenciones dadas a empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva, como Río Tinto, minas de Almagrera, o mina La Herrería. El Ministerio Público, en su recurso ante la Audiencia, argumenta que a todos ellos se les investiga por la concesión y pago de las ayudas públicas para este ERE en concreto, hechos que están no incluidos en la pieza política del caso.

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya

Y es que esta pieza política solo juzga el diseño del fondo dotado con 850 millones “destinado”, en principio, a respaldar económicamente a empresas que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo o realizar prejubilaciones y despidos. Un fondo que oficialmente se correspondía a la partida presupuestaria 31L, pero que resultó ser un fondo de reptiles en toda regla, utilizado sin control para prejubilaciones (presuntamente) fraudulentas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, para subvenciones a empresas que ni siquiera habían presentado un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa, así como comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas.

Un escandaloso pufo de dimensiones desorbitadas que saltó a la luz con la investigación de un caso de cohecho en torno a Mercasevilla, con presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal en un concurso público supuestamente amañado. Durante la instrucción del mismo, Mercedes Alaya, titular entonces del juzgado nº 6 de Sevilla, detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de la citada empresa municipal sin haber trabajado nunca para la misma. La juez acababa de chocar contra la puntita del gran iceberg.

Y aquí estamos.

Frente a un monstruo judicial de más de doscientas cabezas al que cuesta seguir en todas sus ramificaciones. Tantas que, al final, alguna iba a apuntar directamente a quienes presidieron el gobierno andaluz durante la “feliz” época de los “ere pa’ti, ere pa’mí”. En concreto, a Manuel Chaves el primer dedo que le apuntó fue el de Bilore, la empresa de jabones cuya planta de Lucena se declaró en quiebra. Un minúsculo caso, en realidad, pero que sirve para ilustrar cómo se tomaban las decisiones, con qué alegría se abría la caja de todos para beneficiar a unos cuantos.

Un ya lejano 11 de febrero de 2004, mientras el presidente Chaves visitaba en Osuna el Hospital de la Merced con ocasión de la clausura del acto conmemorativo del X aniversario de la construcción de dicho centro sanitario, un grupo de entre treinta y cuarenta trabajadores de la planta de Bilore en Lucena decidió presentarse en Osuna para reivindicar su situación en la cara del presidente. Llevaban también una carta en la que explicaban la quiebra de la fábrica en la que habían trabajado y la extinción de sus contratos por el Ministerio de Trabajo.

Aquel conato de fuego contra la paz social no gustó nada a los responsables del gobierno. El propio Chaves declaraba en abril de 2015 ante el juez instructor del Tribunal Supremo que lo había citado como imputado: “Se manifestaban debajo de mi balcón o cuando iba a una acto público los tenía allí delante, manifestándose sobre sus problemas y yo para mal o para bien, tenía que hacer lo que hice”, fueron sus palabras para justificar el asunto.

Igual que el caso Mercasevilla no tenía SOLO que ver con Mercasevilla, el de Bilore no se circunscribía SOLO al grupo de trabajadores de Bilore que chafó el solemne acto en hospital de Osuna en 2004. Otra maldita punta del iceberg. La tramitación y concesión de una ayuda excepcional a los trabajadores de Bilore menos de 24 horas después de presentarse frente a Chaves y “prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo”, levantaba la alfombra del mecanismo que implantó el Gobierno andaluz en el convenio de 17 de julio de 2001 para cortar de raíz y al margen de los procedimientos reglados cualquier intento de quebrar la paz social.

Un mecanismo que enseguida degeneró en todas las formas posibles, especialmente pagando prejubilaciones de quien no había trabajado nunca en la empresa afectada y comisiones millonarias a los demás actores necesarios de aquel millonario y nauseabundo cortijo del que cualquiera tendríamos que estar socialmente (muy) alarmados, pidiendo justicia y, sobre todo – sí, sobre todo -, que quienes se beneficiaron ilegalmente devuelvan todo lo que recibieron en perjuicio de las personas o empresas a las que habrían tenido que llegar las ayudas (presuntamente) malversadas.

Al que fue 19 años presidente de Andalucía también le señala, como “conocedor” no sólo de que existía la 31L sino también de cómo y con quién se utilizaba, la “ayuda” de 3,6 millones de euros que se dio a una sociedad de la familia de Rafael Blasco Caetano, el empresario que cada verano le cede su chalé a Manuel Chaves para pasar las vacaciones en la playa de La Antilla. La subvención dada a Fundiciones Caetano en 2004 y 2006, durante la etapa de Chaves como presidente de la Junta, es una de las 270 investigadas en la macrocausa de los ERE concedidos (presuntamente) sin control y de forma opaca.

Ya hemos visto ayer, igual que ocurrió en el Tribunal Supremo en 2015, que la línea de defensa de Manuel Chaves se basa en que el ex presidente no conocía el detalle de cómo se concedían las ayudas. “Ni el procedimiento, ni la cuantía, ni los requisitos, ni los beneficiarios, ni cómo se articulaba… Ni lo conocía ni tenía por qué conocerlo” – afirmó este lunes durante su declaración de casi 4 horas. Se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación continuada, aunque igual que su sucesor en la presidencia andaluza, José Antonio Griñán, Chaves está retirado de la vida política. Ambos abandonaron sus escaños en 2015 tras ser formalmente imputados por el Tribunal Supremo, que tuvo entonces que devolver la causa a Sevilla.

Manuel Chaves declarando
Manuel Chaves declarando

Y llegamos a hoy. De los casi 300 investigados en esta causa monstruo no queda ningún imputado en prisión, después de que todos hayan ido abonando las fianzas impuestas. Sin embargo, lo realmente sangrante es que  apenas se ha recuperado un euro de cada cien defraudados, englobando no sólo los ERE, sino también los fraudes en los cursos de formación y las facturas falsas de UGT.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, ha solicitado “que se abra pieza separada de responsabilidad pecuniaria” a cada uno de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía y que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

No veremos un euro.

La especie política está ya tan manchada, tan contaminada por delincuentes que se meten en la profesión para delinquir con más éxito e impunidad, que los departamentos de “Asuntos internos” de cada partido, de cada administración, ya no deberían poder excusarse en el desconocimiento. Su responsabilidad es objetiva. Antes de que la tentación se convierta en tejemaneje y derive después en desmedido saqueo.

En el plano general, el que a todos debería afectar por igual con independencia de colores y de ideas, nos corresponde erradicar para siempre cualquier síntoma de tibieza frente a esa picaresca que nos ha caracterizado durante siglos. Igual que en Madrid tenemos la manía de decir que hace fresco cuando, en realidad, lo que hace es un frío del demonio, en toda España seguimos marcados con la idea de que uno es “listo” cuando, por ejemplo, logra sacar a la compañía de seguros unas perras, declarando un falso siniestro.

“Pecadillos menores”, decimos si nos pillan infraganti, pero que constituyen, en cambio, el caldo de cultivo para que quien tiene la oportunidad, se aproveche de ella en beneficio exclusivamente propio. Por ejemplo, prejubilándose durante un ERE en una empresa en la que jamás se había puesto el pie, pero sí plantado la pezuña.

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