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Jordi Sànchez se queda sin investidura: el juez no le deja salir de la cárcel

El juez del Supremo Pablo LLarena ha denegado la libertad solicitada por el expresidente de ANC Jordi Sànchez, así como los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Cataluña al acto de investidura previsto para el próximo lunes 12 de marzo.

Jordi Sànchez
Jordi Sànchez

El magistrado el Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso independentistaen el Tribunal Supremo, ha denegado al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat) permiso para salir de prisión y acudir al Pleno de investidura fijado para el próximo lunes 12 de marzo en el Parlament de Cataluña. También rechaza la petición de excarcelación que hizo su defensa en su escrito del pasado miércoles.

El juez basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.

La defensa del que fuera presidente del la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, pidió expresamente al magistrado que se pronunciara sobre esta cuestión antes del próximo lunes y anunció que, si esta respuesta no se produce a tiempo o es negativa acudirá a denunciarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pedirá allí que se decrete su libertad para ejercer sus derechos políticos.

Llarena, que instruye el procedimiento contra el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otros dirigentes nacionalistas por delitos de presunta rebelión o sedición y malversación de fondos públicos, pidió informe sobre la petición de excarcelación realizada por la defensa de Sánchez tanto a la Fiscalía como a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, y les dio plazo para responder hasta el mismo lunes, 12 de marzo, coincidiendo con la celebración del pleno del Parlament.

La Fiscalía ya ha informado este viernes en contra de la libertad y el permiso, pero Vox no lo hará hasta el lunes, por lo que el magistrado Llarena ha respondido sin esperar a conocer la postura de la acusación popular ni tampoco a la Abogacía del Estado.

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