El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación.
El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.
“Ambos concurren en el presente caso”, asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.
Subraya el Ejecutivo el “incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado” de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat.
Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión “con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España”.
Reunido el #CMin extraordinario con el fin de aprobar medidas para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña pic.twitter.com/3DWeD5KoWv
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 21, 2017
LAS MEDIDAS SON “GARANTISTAS” Y NO RESTRINGEN LIBERTADES
Además, asegura que las medidas que se aplicarán para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son “garantistas” y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.
Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.
Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.
Un cometido “irrenunciable” desde la constatación de que las autoridades autonómicas “han ignorado” la legalidad vigente, al contravenir “abiertamente” sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.
“Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno”, aduce el Gobierno.
Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.
Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. “Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía”, añade.
Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es “asegurar la neutralidad institucional” para que el principio rector de las instituciones sea el interés general.
Considera en este sentido que la Generalitat “ha obviado” el interés general de los catalanes “en favor del ideario independentista de una parte de ellos”.
Y añade que “estos anhelos” soberanistas “no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes”, ni pueden “traducirse en un discurso único de imposición de la independencia” como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.
Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar “siempre y en todo caso”, en “favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte”.
EL GOBIERNO AVISA DE UN EMPOBRECIMIENTO DEL 30% EN CATALUÑA
El Gobierno alerta de que una hipotética Cataluña independiente sufriría un empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento con una “coyuntura económica insostenible” y un aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales, situación que el Estado debe evitar por el interés general.
“Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger”, asegura el documento.
A juicio del Gobierno, la pretendida independencia, generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes “gravísimas” no solo para los intereses de Cataluña sino para el interés general de España e implicaría aislar una economía catalana que hoy está “plenamente integrada” en España y en la UE.
Desde el punto de vista comercial, supondría el abandono de la Unión Europea pasando a ser un país tercero al que se le aplicarían aranceles, además de controles aduaneros en frontera con la consecuente pérdida de competitividad de la economía catalana.
También acarrearía la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, de su amparo y de sus beneficios y, en concreto, del acceso al crédito del Banco Central Europeo.
Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, muchas empresas se trasladaran fuera de Cataluña.
