En octubre de 2017, un grupo de arqueólogos comenzó a realizar en el cementerio gaditano de San José la mayor exhumación de restos de recién nacidos realizada hasta ahora en España. Los familiares de 46 supuestos bebés robados exigían saber si, como les dijeron, sus restos reposaban allí o si, por el contrario, están vivos, ajenos por completo a su verdadera historia, en alguna parte.
En realidad, el viejo cementerio de Cádiz – un pequeño solar de 400 metros de largo por 70 de ancho, ubicado junto a la playa de la Victoria -, lleva clausurado más de veinte años. Su existencia era el principal escollo que el Ayuntamiento de Cádiz tenía que superar para convertir la necrópolis en un parque urbano. Y, por fin, el 2 de noviembre de 2016, el Consistorio recibió el visto bueno para su clausura definitiva. El último funeral en San José tuvo lugar en enero de 1992, después de más de dos siglos de enterramientos, iniciados en 1800 de forma precipitada tras una epidemia de fiebre amarilla.
Sin embargo, aún quedaban sin exhumar los restos de los cadáveres que habían sido enterrados en la zona de los patios. Se trata de unas fosas comunes a las que, según los libros del camposanto, fueron a parar los pequeños ataúdes de los bebés que murieron nada más nacer en alguno de los hospitales de la ciudad. Gracias a los registros del cementerio se conocía la ubicación de dichos féretros, pero los arqueólogos advirtieron desde el principio que el problema era que los restos se hubieran mezclado a causa del deterioro de los ataúdes. Un problema, en todo caso, relativo, porque las pruebas de ADN ayudarían a solventarlo, pero ¿qué ocurre cuando un ataúd está vacío? Ese es el dilema al que llevan enfrentándose durante años, y en toda España, los familiares de bebés robados a quienes durante décadas nadie creyó.
Por desgracia, todavía hoy, existen casos que siguen archivándose en los juzgados alegando prescripción. Porque únicamente se tiene en cuenta la fecha de nacimiento, y presunta defunción, para empezar a contar el plazo que determina que el delito ha prescrito. Es decir, como si no se tratase de un delito continuado. Esta ha sido siempre una de las reclamaciones de los afectados: que no prescriban los casos de sustracción de bebés. Porque a pesar de que el sentido común induzca a pensar que es imposible que pueda prescribir una acción delictiva cuyos efectos siguen produciéndose cada minuto que ese bebé robado, hoy adulto, pase en una vida que no le corresponde, lo cierto es que muchos de los intentos por investigar se toparon con la puerta cerrada de la declaración de prescripción con que se despachaba la denuncia.
Las asociaciones que reúnen a víctimas de esta trama llevan años dejándose la piel – y probablemente también pedacitos del alma -, para terminar por encontrarse con demasiados caminos abruptamente cortados. Sin salida. Sin llegada. Muchos de los centros sanitarios presuntamente implicados han desaparecido, junto a cualquier tipo de registros. Y sin mandato judicial, resulta imposible acceder a aquellos que todavía existen pero no son de carácter público.
Lo peor de todo es que el tiempo corre en su contra. ¿No han perdido las víctimas ya demasiados años? Habrá madres y, por qué no, también hijos, que hayan fallecido sin siquiera llegar a conocer que su existencia cambió radicalmente a causa de algunas personas sin moral ni conciencia. Imposible saber cuándo y cómo empezó este escalofriante asunto silenciado e ignorado durante décadas de democracia. Incluso negado, hasta que la evidencia de tumbas vacías, documentos falsificados y coincidencias de ADN han logrado callar las bocas que rechazaban, con evidente y malsano prejuicio, lo que las víctimas, cada vez más unidas y organizadas, denunciaban.
Esta semana, la asociación SOS Bebés Robados Cádiz ha informado de un nuevo caso de féretro vacío en las exhumaciones que siguen llevándose a cabo en el cementerio de San José. Porque no se trata del primero: a principios de año aparecieron en el camposanto gaditano un ataúd vacío y una sepultura donde faltaba el cuerpo de un bebé que tenía que estar allí, según los libros del cementerio.
La madre del niño que figuraba allí enterrado, Margarita Díaz, ha estado durante más de un mes asistiendo a la delicada exhumación que realizan los arqueólogos. Cuarenta y dos años después de dar a luz a un niño en el Hospital Militar, que fue trasladado, al nacer sietemesino, al Hospital de Mora, donde le dijeron que murió. Fue en este hospital donde Margarita, que entonces tenía 17 años, empezó a inquietarse: no pudo ver al niño y fue sometida a un interrogatorio exhaustivo por parte de una monja que quería saber todo lo posible sobre los padres del bebé. A las pocas horas, le comunicaron que el bebé había fallecido. Ella siempre mantuvo que aquel niño muerto que le enseñaron fugazmente no era el suyo. Ni siquiera le dieron la oportunidad de asistir al entierro, porque el hospital – le dijeron – “se había encargado ya de todo”.
El féretro vacío que confirma sus sospechas no es el final de una búsqueda. Al contrario, es el principio de un largo e incierto camino sin garantías de llegar a su destino. Tanto esta familia como el resto que ya han exhumado los restos de sus bebés en el cementerio San José están esperando que el Ayuntamiento de Cádiz autorice el envío de los restos para su correspondiente análisis. En la asociación aseguran que están tardando demasiado y que, en realidad, “las autoridades no están por la labor” de ayudarles. Lo cierto es que en general, no solo en Cádiz, todavía hay quien preferiría que este oscuro y doloroso asunto se quedara bien enterrado.