El Gobierno ve un gesto “francamente hostil” la carta que el presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, ha dirigido a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y por la que España ha protestado ante el embajador de Bélgica.

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El Gobierno de España ha convocado al embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para expresarle su malestar tras la publicación de una carta en la que el presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, cuestiona la democracia española y lamenta que haya políticos catalanes en prisión.

Peumans, de los independentistas flamencos N-VA, escribe esa misiva a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La carta ha sido publicada por el diputado de dicha formación independentista flamenca Mark Demesmaeker en su cuenta en Twitter, donde dice haber entregado la misiva a Forcadell en una visita a la prisión de Mas d’Enric.

“Mantener a los políticos detenidos durante meses es un acto incluso más insidioso, una prueba de que el Gobierno central en España no es capaz de cumplir las condiciones para ser parte de una democracia moderna en la Unión Europea“, dice la misiva.

El Gobierno ve un gesto “francamente hostil” la carta. “Que un responsable político de una región de un país de la Unión Europea se manifieste desde su puesto institucional insultando a un país amigo y aliado como es España al afirmar que no cumple los requisitos para formar parte de la UE y -sobre todo- faltando a la verdad, es no ya un gesto inamistoso, sino francamente hostil“, afirma el encargado de negocios de la embajada de España en Bélgica Jorge Notivol en la carta de protesta que ha dirigido a Jan Peumans.

“Ninguna autoridad judicial española ha ordenado la detención de nadie por sus opiniones, sino por la presunta comisión de delitos muy graves tipificados en el Código Penal, tales como la rebelión o la sedición”, afirma el encargado de negocios de la embajada española en Bruselas en su carta de protesta.

“En España hay separación de poderes”

Por el contrario, continúa, “en España la Justicia es independiente y rige la separación de poderes“. “El Gobierno no ordena la detención de las personas y por tanto tampoco puede ponerlas en libertad, por lo que cualquier decisión en materia de privación de libertad depende del poder judicial“, argumenta Jorge Notivol.

En su carta, Notivol reprocha al presidente del Parlamento de Flandes que se arrogue “la facultad de expedir credenciales democráticas, empleando parámetros a su medida, muy dispares de los que aplica, sin ir más lejos, el Consejo de Europa”.

Recuerda así que Thorbjorn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, abogó públicamente el pasado día 11 por una “solución dentro de la Constitución” para Cataluña y “advirtió asimismo sobre el imprescindible respeto a la ley”, al tiempo que señaló que España “es una democracia plena, donde impera la separación de poderes y los jueces son independientes”.

“La UE es una comunidad de Derecho y es propio de los Estados modernos y democráticos como el mío respetar el Estado de derecho y el orden constitucional. Esperamos además que los responsables institucionales de países socios y amigos tengan tanto respeto por la independencia judicial y por el sistema político y constitucional español como el que nosotros manifestamos hacia el suyo”, concluye.

Peumans se reafirma

Tras la protesta de España, Jan Peumans se ha reafirmado en la postura respecto a los líderes catalanes independentistas y ha subrayado que es “completamente legítimo” el contenido de la carta. En un comunicado de respuesta, asegura que “mantiene” ese “punto de vista”, que dice, está respaldado por una resolución sobre Cataluña adoptada el pasado mes de octubre por el Parlamento flamenco.

Peumans ha subrayado que, aunque en la misma se llamaba al diálogo entre las autoridades catalanas y españolas, “se han tomado muy pocas iniciativas” al respecto y recuerda que el uso de la violencia el 1-0 “no está en línea con los principios democráticos sobre los que se desarrolla la Unión Europea”.

En cuanto a la acusación sobre el respeto a la separación de poderes realizada por el encargado de negocios español en Bruselas, ha indicado que la justicia belga ha declinado que en este caso procedan los delitos de rebelión y sedición y únicamente reconocen el de malversación.

En este sentido, ha recordado que los supuestos fondos malversados “no fueron utilizados para el enriquecimiento personal” sino para “dar al pueblo catalán la oportunidad” de votar en un referéndum “democrático” sobre su “futuro”.

Es inaceptable que los políticos sean encarcelados durante casi un año por este único cargo. Mientras el juicio no se haya completado, su culpabilidad no está probada”, ha concluido.

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