La UE ha logrado un acuerdo histórico para llevar a cabo un plan de recuperación tras la crisis del Covid-19. El reparto de ayudas y préstamos está ya establecido, siendo el montante 750.000 millones de euros.

Con el acuerdo de la UE ya claro, ahora falta por saber cómo será el reparto de este plan de recuperación. Las ayudas y préstamos, que tendrán cuantías similares, reforzarán la economía de los beneficiarios. Los más afectados por el Covid-19 serán, sin duda, quienes más reciban de esos 750.000 millones de euros previstos.

Aunque no se conocen al detalle todos los puntos del plan, sí han trascendido algunas claves del mismo.

Lo fundamental es que de esos 750.000 millones, hasta 390.000 se darán en ayudas que no tendrán que devolverse. El resto, 360.000 millones, se repartirán en forma de préstamos. Los países tendrán que comenzar a devolverlos a partir de 2027. Y el plazo de amortización se ha establecido en 30 años. La ventaja, unos tipos de interés muy bajos.

De todo ese plan, España recibirá alrededor de 140.000 millones. De ellos, 72.700 serán a fondo perdido. Es decir, no tendrán que devolverse. Supone cubrir los gastos de la pandemia por dos años. La inversión de ese dinero tiene que servir por un lado para impulsar la recuperación de la economía española. Y, por otro lado, fomentar la transformación del modelo productivo español. Se tendrá que encaminar a la transición ecológica, la digitalización, la movilidad sostenible y el desarrollo de la economía de cuidados.

Solicitud

Los gobiernos serán los encargados de solicitar los fondos previstos para ellos. En el caso de España, se ofrece flexibilidad para llevar a cabo sus programas nacionales. Pero siempre dentro de las recomendaciones del Semestre Europeo.

Se valorará de manera positiva los programas de digitalización y transición ecológica. Los gobiernos tendrán que presentar sus propuestas. Y será una mayoría cualificada de los 27 la que decida dar el pago. Se evita así la unanimidad y, por tanto, el derecho a veto que reclamaban algunos países.

Pero no será gratuito. Se establece en su lugar un freno de emergencia. Así, cualquier estado miembro podrá exigir el seguimiento de un programa de otro país. Será de carácter político y será el Consejo Europeo el que decida la continuidad del programa en cuestión.

Reparto estipulado

De los fondos previstos, el 25% tendrá que destinarse a inclusión social e integración de migrantes. El 2% se utilizará para combatir la pobreza material. Y un 10% irá a parar a la lucha contra el desempleo juvenil.

Respecto a partidas en sanidad o investigación, las partidas se han reducido tras las exigencias de los países «frugales».

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