Para los ciudadanos ucranianos que viven en los territorios controlados por los prorrusos, cobrar su pensión estatal se ha convertido en un acto de coraje y resistencia que han de repetir cada vez que se ven obligados a cruzar de un lado al otro del frente de batalla.

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A pesar de que, en septiembre de 2018, una sentencia del Tribunal Supremo ucraniano, celebrada por ACNUR, ordenara garantizar el fácil acceso a las pensiones para todos los desplazados residentes de las zonas no controladas por el gobierno (NGCA), en el este de Ucrania las trabas burocráticas, la situación bélica y la desidia siguen obligando a los ancianos a “regresar” para no perder su única fuente de ingresos. Nadie pensaba que cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea, aprovechándose del vacío político en Ucrania, se tratara solo del inicio de un grave conflicto que dura hasta hoy y que no tiene visos de arreglarse en un futuro próximo. Porque después de Crimea, los combatientes prorrusos se hicieron también con el control de Luhansk y Donetsk, en el este del país.

Desde entonces, a pesar del tiempo transcurrido sin que la diplomacia haya servido para llegar a acuerdos, los ucranianos viven en un conflicto bélico que no parece importar demasiado fuera de sus fronteras. Dentro, sin embargo, la situación para quienes quedaron atrapados en las zonas dominadas por las milicias prorrusas es cada vez más complicada y ni siquiera cuentan con el apoyo del gobierno de Ucrania. Todo lo contrario. Hace menos de dos meses, el ministro de Política Social ucraniano, Andriy Reva, incluso volvía a poner en duda el derecho de reclamar una pensión de quienes han continuado viviendo en sus casas de las zonas controladas por los combatientes prorrusos. Para Reva, los proucranianos deberían haber emigrado porque, a su juicio, “su presencia en la zona supone dejarse utilizar como escudos humanos” y los acusa de permitir que el conflicto se siga alargando.

El problema es que muchos de los que se han quedado en sus casas son ancianos que no tienen a dónde ir y su única fuente de ingresos es la pensión que no pueden cobrar porque, además, los bancos ucranianos no operan en territorio separatista. De modo que cada vez que han de cruzar desde las NCGA deben someterse a controles de pasaporte que generan interminables colas en alguno de los cinco puestos “fronterizos” de los territorios orientales respaldados por Rusia y, también, en los cinco que corresponden al lado controlado por Ucrania. Una situación demencial e inhumana que los defensores de derechos humanos denuncian que podría atajarse si el gobierno ucraniano se esforzara en simplificar el sistema de pensiones para aquellos que viven en los territorios separatistas. Más aún, se acusa a las autoridades de dificultar deliberadamente el proceso para disuadir a los solicitantes.

Lo cierto es que se calcula que, aproximadamente, habrían quedado sin reclamarse 2.400 millones de dólares en pensiones entre agosto de 2014 y septiembre de 2018. Pero mucho más llamativo y trágico es que desde el pasado mes de diciembre, hayan muerto al menos 18 civiles, la mayoría ancianos, mientras esperaban exhaustos para cruzar la línea del frente con el fin de recoger su pensión. La mayoría de las muertes fueron por fallos cardíacos sufridos en la fila que avanza lentamente para recorrer los tres kilómetros que separan las correspondientes líneas de contacto que, para colmo, están minadas y no siempre se respeta el alto el fuego diurno. Aunque los ancianos de más de 80 años pueden ponerse al frente de la fila, muchos no lo saben, o sabiéndolo, no se fían y se niegan a abandonar su sitio por temor a perder el turno que ya tenían. Hay quienes incluso dejan de comer o de beber para no tener que ir al baño. Sin embargo, la fragilidad de su situación se ve “castigada” por la burocracia que no entiende de vulnerabilidades. Y las colas que empezaron en los puestos de control se repetirán después en los bancos y los cajeros automáticos.

Aunque los comentarios del ministro de Política Social generaron polémica en la sociedad ucraniana y algunos parlamentarios exigieron su renuncia, las cosas no han cambiado en absoluto. Ahora las “esperanzas”, las que aún existan, recaen en el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, actor de una serie satírica de televisión en la que, precisamente, su personaje se convierte en presidente de forma “accidental”. Este actor reciclado en político ya ha asegurado que su país debe ayudar a los que viven en los territorios ocupados, pero no se sabe cómo ni cuándo piensa hacerlo. La realidad es que su campaña no se centró en ninguna propuesta concreta y que su victoria se debió, sobre todo, al hartazgo de los votantes que querían ver fuera del cargo a Petro Poroshenko.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

Por su parte, los gobiernos occidentales siguen acusando a Rusia de apoyar a los separatistas de la región con tropas y armamento. Moscú, por supuesto, lo niega. “Solo” reconoce que hay “voluntarios” rusos que ayudan a los separatistas, aunque Vladimir Putin ya ha firmado un decreto que facilita el acceso a un pasaporte ruso para todos aquellos que viven en Crimea y en Donbas. Para Zelensky, se trata de un acto hostil que requiere de sanciones contra Rusia por parte de la comunidad internacional. Una comunidad que parece tener la atención puesta en otros enclaves conflictivos. Porque desde que en 2015 se declarase un alto el fuego en el este de Ucrania, violado regularmente por ambos bandos, no se han logrado avances de ningún tipo para poner fin a un conflicto que ya se ha cobrado, según un informe de la ONU fechado el pasado mes de febrero, la vida de casi 13.000 personas. Cinco años después del conflicto, el este de Ucrania continúa soportando intensos bombardeos a lo largo de la “línea de contacto” de 457 kilómetros que están diezmando la infraestructura civil y las áreas urbanas.

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