Una huelga de hambre para exigir la admisión de su candidatura para las elecciones locales de Moscú del 9 de septiembre ha sido una de las más extremas medidas de presión que la joven abogada de 31 años, miembro del Comité Central del partido político de Aleksei Navalny, Rusia del Futuro, ha utilizado en los últimos tiempos. Después de casi tres semanas rechazando ingerir comida, pretendía no obstante participar en las manifestaciones del pasado fin de semana de agosto, pero no tuvo ocasión: fue detenida por los agentes que la sacaron a rastras del taxi en el que iba. Con el líder de su partido Aleksei Navalny bajo custodia, Sobol encabeza el grupo de activistas de la oposición vetados para postularse como candidatos en las próximas elecciones locales y su carisma la ha puesto en el punto de mira. Tras ser interrogada y multada, fue puesta en libertad pero los duros enfrentamientos entre manifestantes y policía antidisturbios todavía recorren las televisiones y los diarios de todo el mundo.
Ya a finales del pasado mes de julio, las redes sociales se llenaron de imágenes de otra manifestación, en la que muchos participantes eran golpeados con porras por los miembros de las fuerzas de seguridad que se habían lanzado sobre la multitud cuando esta se negó a abandonar las calles. Fue una especie de punto de inflexión, ya no valía “solo” con utilizar la fuerza, así que la oficina del alcalde de Moscú se apresuró a proponer que la siguiente concentración, que ya estaba convocada, tuviera lugar en la carretera de circunvalación de la ciudad. Los activistas de la oposición, con Sobol a la cabeza, insistieron sin embargo en continuar sus protestas en el centro de la ciudad y las conversaciones con el jefe de la autoridad local se rompieron casi de inmediato.
Frente a la oposición de los activistas, el poderoso Comité de Investigación de Rusia “respondió” iniciando un proceso penal en el que la protesta del 27 de julio pasaba de ser considerada “manifestación” a calificarse de “motín”. Una acción legal que cambia radicalmente la situación de los detenidos en las últimas concentraciones, ya que hasta ahora eran acusados de acuerdo con el código administrativo de Rusia, enfrentándose a multas o a penas de privación de libertad que podían llegar a un mes, mientras que con la ley de enjuiciamiento penal por disturbios se van a enfrentar a penas de prisión considerablemente más largas. Y el miedo no ha tardado en rebajar los ánimos. Ahora, algunos opositores incluso ven “bueno” que los líderes activistas acepten la manifestación autorizada en la carretera de circunvalación sugerida por el consistorio y cada vez se alzan más voces que tachan de irresponsable convocar a multitudes en el centro de la ciudad, donde es más posible que haya más enfrentamientos con la policía y que estos acaben en cargos criminales.
Lyubov Sobol
Lyubov Sobol ha sido la primera en intentar apaciguar a sus propios seguidores y argumenta que es precisamente esa violencia policial empleada contra los manifestantes, lo que descarta por completo aceptar la opción sugerida por la alcaldía. Sabe que si ceden, perderán cualquier posibilidad de participar en las próximas elecciones al gobierno municipal. Por supuesto, las autoridades tampoco muestran signos de ceder, lo que significa que estas inesperadas protestas políticas podrían desencadenar una verdadera crisis política en Rusia. La mano dura de Putin augura que muchos simpatizantes de los candidatos del partido de Aleksei Navalny, al que se unió la abogada de la Fundación Anticorrupción para, según su web oficial, luchar contra “la corrupción y las mentiras de los funcionarios”, se lo pensarán dos veces antes de acudir a nuevas movilizaciones. Porque, además, los programas de televisión estatales – los más vistos e influyentes – han retratado las protestas encabezadas por ella como movilizaciones orquestadas desde el extranjero para “cambiar el orden constitucional por la fuerza”. Esto refleja, por otra parte, que en el Kremlin tampoco están del todo tranquilos y, por ello, no van a flaquear a la hora de impedir que los disturbios populares puedan intensificarse y derrocar gobiernos, como sucedió en Georgia y en Ucrania.
