A pesar de que a Vladimir Putin siempre le ha gustado sorprender – lo hace con asiduidad en posados fotográficos -, pocos esperaban su anuncio de un paquete de profundas reformas constitucionales que, en apariencia, supondría dar mayores poderes al Parlamento y limitar a un máximo de dos los mandatos presidenciales. Nada más anunciarse, teledirigidos o no, los miembros del gobierno, incluido su mano derecha, Dmitri Medvedev, dimitieron en bloque para dar entrada al nuevo gabinete. La opinión pública observó perpleja tan radical e inesperado cambio que dejaba fuera a Medvedev, aunque la unión de ambos políticos siempre había parecido de carácter indisoluble y permanente. Solo los más críticos con el férreo control que ejerce el máximo mandatario ruso auguraban “cambios” que, en todo caso, irían destinados a garantizar la perpetuidad de Putin en el poder. Por ejemplo, para Alexei Navalny, principal opositor de Putin, la designación de Mishustin y los cambios constitucionales propuestos, únicamente sirven para “asegurar el camino de regreso a una política al estilo soviético” y tilda el anuncio de reformas de fraude, por mucho que se presenten como una merma del poder del presidente, cargo que ostentará Putin hasta 2024.
En esta salida programada es dónde muchos analistas ven el motivo principal de la “jugada”. Putin lleva dos décadas en el poder, sorteando obstáculos con el apoyo de su leal Medvedev, pero lo que parecen indicar estas reformas es que, lejos de pensar en retirarse, lo que trata de hacer el líder ruso es “labrarse el futuro” con una estratégica hoja de ruta que no le haga perder un ápice de su actual poder. A sus 67 años, todo indica que el proyecto de ley sobre enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia presentado a la Duma esconde una reconfiguración del poder que le abriría la puerta a otro cargo con la misma influencia. ¿Un cargo por encima de la Duma y del presidente que salga elegido dentro de cuatro años? Esta es la pregunta a la que muchos tratan de dar respuesta y que algunos ya aseguran haber encontrado en los entresijos del proyecto de reforma constitucional de Putin, más en concreto en lo que se refiere al Consejo de Estado, un cuerpo de asesores con 85 gobernadores regionales y otros funcionarios, incluidos líderes políticos, al que podría “emigrar” Putin cuando se vea obligado a dejar la presidencia.
Mijaíl Mishustin y Putin
Y es que una de las propuestas más destacadas de la reforma es hacer del citado Consejo de Estado una agencia gubernamental formalmente contemplada por la Constitución y trasladar hacia este órgano el poder real para, a continuación, convertirse en su líder y situarse por encima incluso de la propia presidencia del Estado. En definitiva, que lo que ahora es un órgano consultivo y ceremonial pase a ser el responsable último a la hora de “determinar las direcciones principales de la política interna y exterior de la Federación de Rusia”. De nuevo, además, con Medvedev, quien lejos de haber quedado desterrado, sería – pronostican los opositores rusos – el vicepresidente del citado órgano, otra vez a la sombra de su camarada y mentor. Mientras, la Duma ya ha aprobado al nuevo candidato señalado por Putin, Mijaíl Mishustin, un ingeniero experto en tecnología con un doctorado en economía, cuyo mayor e indiscutible logro fue convertir la odiada agencia tributaria rusa en una organización eficiente. Incluso los más críticos reconocen que logró modernizar y poner al día la recaudación de impuestos con la implementación de herramientas de alta tecnología y la incorporación de inteligencia artificial a los procesos. Ahora llega al gobierno con la principal misión de impulsar la industria, aumentar los ingresos de la población y modernizar la economía. Así lo manifestó el hasta hoy jefe del Servicio Federal de Impuestos durante su primer discurso en la Duma antes de ser refrendado como primer ministro por 383 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, las del Partido Comunista.
La elección de este tecnócrata con fama de eficiencia y perfil económico más que político muestra que Putin ya no puede dejar su índice de popularidad en manos, solo, de sus logros internacionales o demostraciones de fuerza. Porque, según datos de la agencia estatal de estadística Rosstat, el 80% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes y este no es, por supuesto, el mejor escenario para limitarse a que las reformas que le permitan permanecer en algún cargo con gran influencia sean únicamente de corte político. Por ello, Mishustin insistió en su discurso en que “la gente necesita sentir un cambio real ahora para mejor”, asegurando que trabajaría para “aumentar los ingresos reales”, que llevan cayendo desde 2014 en una economía que se ha visto afectada por las sanciones internacionales y la caída del precio de los hidrocarburos. Por ello, la reforma pretende que la Constitución garantice un salario mínimo equivalente al menos al coste medio de la vida en el país.
Mijaíl Mishustin
Putin también le ha marcado al nuevo primer ministro el objetivo de elevar la tasa de natalidad de 1,5 hijos por mujer a 1,7 para 2024. La lucha contra el descenso demográfico pasaría, de acuerdo con las promesas del recién llegado, por la aprobación de importantes ayudas y beneficios para las familias. Es decir, más medidas económicas para un país donde la brecha entre ricos y pobres crece de manera constante y demasiado visible, no solo dentro de sus fronteras. De hecho, las críticas contra el sustituto de Medvedev se centran en su propio patrimonio: una impresionante vivienda en el centro de Moscú y propiedades por valor de unos nueve millones de euros. El tenaz opositor Navalni denuncia, asimismo, la opacidad de los negocios de la esposa de Mishustin, que a pesar de no tener empresas a su nombre ha ganado 11 millones de euros en los últimos nueve años.
Sin embargo, más allá de las medidas económicas en cuyo mar Putin pretende que se diluyan el resto de propuestas políticas destinadas a asegurar su control, el proyecto de ley incluye la posibilidad de “no ejecutar” las decisiones de organismos internacionales si contradicen la Constitución. Es decir, sus opositores pueden dejar ya de albergar esperanzas si recurren a tribunales internacionales, como la Corte de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. El proyecto propone también reducir el número de jueces del Tribunal Constitucional de 19 a 11 y que el Consejo de la Federación otorgue el derecho de rescindir, a propuesta del presidente, los poderes de los jueces de los tribunales constitucionales y supremos, así como los magistrados de los tribunales de casación y apelación “en caso de un acto que difame el honor y la dignidad de un juez”. Las propuestas de reformas expuestas por Putin buscan también reformar los poderes de los gobernadores regionales, prohibir a los miembros del gobierno y a los jueces tener permisos de residencia en el extranjero y, más determinante aún, obligar a todo candidato a haber vivido los últimos 25 años en Rusia.
