A raíz de la filtración de algunos documentos judiciales el pasado año, salió a la luz que un abogado, al que la policía llamaba EF, había estado trabajando como informante para la policía de Victoria mientras seguía ejerciendo como defensor. El escándalo estaba servido. ¿Cómo era posible que un penalista defendiera a un cliente y a la vez colaborase con la policía pasando información? Y si era así, ¿de quién se trataba?
Esta era la gran pregunta, especialmente para quienes estaban siendo en aquel momento asistidos por un letrado ante los tribunales y necesitaban, como es obvio, saber si podían o no confiar en él. La policía se afanó por todos los medios en mantener su identidad en secreto con el argumento de que su seguridad estaba en juego, pero un tribunal autorizó finalmente que se hiciera pública: aquella era, sentenció, una información de interés público. Se supo entonces que se trataba de Nicola Gobbo, sobrina de Sir James Gobbo, ex Gobernador de Victoria, conocida por haber defendido a importantes figuras del crimen en Melbourne durante una etapa conflictiva para la policía, desbordada por la violencia de los grupos criminales. La sorpresa fue mayúscula porque, además, a la letrada de 46 años también se la conocía por su testimonio contra Paul Dale, un ex policía acusado de corrupción.
Nicola Gobbo
Ahora, la abogada acusa a las autoridades australianas de no haber cumplido con las garantías que le hicieron sobre la protección de su seguridad, mientras todo el país asistía atónito el pasado viernes a la primera gran consecuencia legal de su actuación: su ex cliente Faruk Orman era puesto en libertad tras pasar 12 años en la cárcel por el asesinato de un capo del crimen de Melbourne. Los jueces de apelación han considerado que Orman fue víctima de un “importante fallo de la justicia”, por lo que su pena debía ser anulada. La condena de Faruk Orman en 2009 se basó en la declaración de un testigo que afirmaba haberle escuchado confesar el crimen, sin embargo, ese testigo también era cliente de Gobbo en el mismo momento y ahora se ha sabido que fue ella quien planificó que declarase contra Orman. La Corte de Victoria en su sentencia arremetía con dureza contra la abogada: “La conducta de la señora Gobbo subvirtió el derecho del señor Orman a un juicio justo y fue contra las mismas bases del propio sistema de justicia criminal”. El Alto Tribunal de Australia tampoco dejó de referirse a la Policía de Victoria, a la que acusa de haber mantenido una “conducta atroz” alentando a Gobbo a proporcionar información sobre sus clientes.
Se pensaba, en todo caso, que la doble carrera de Gobbo había tenido lugar durante un periodo de cinco o seis años en las últimas dos décadas, pero las correspondientes investigaciones no tardaron en averiguar que la misma empezó mucho antes. Fue registrada por primera vez como informante en 1995, cuando aún cursaba su último año de universidad. Desde entonces y hasta 2009 pasó información a la policía sobre sus clientes al tiempo que los representaba, así que la lista de condenas susceptibles de ser anuladas puede ser muy larga. El caso sacudió de tal forma al propio sistema judicial de Victoria que provocó la apertura de una comisión de investigación que está revisando, uno a uno, los casos criminales que pueden verse afectados. Aunque el plazo que se le dio para informar al Gobierno de sus conclusiones se había establecido para este mes de julio, la gran cantidad de sumarios que aún quedan por examinar ha obligado a decretar una prórroga de doce meses, hasta julio de 2020, y a dotar a dicho organismo con fondos adicionales por valor de 20 millones.
Por su parte, en una carta dirigida al comisario de la policía de Victoria que publicó en su página web la cadena ABC, Gobbo justifica sus razones para convertirse en informante: “Como espero que usted sepa, yo ayudé motivada por el altruismo, no por ninguna ganancia personal”. Asegura que desde que su nombre salió a la luz, su “salud mental, emocional y física están en declive” y que siente el “impacto de esta pesadilla casi todos los días”. “Además de ansiedad, miedo, depresión severa, síndrome de estrés postraumático y paranoia, mi reputación se ha desvanecido y nunca más voy a poder trabajar como abogada”. Tampoco podrá hacerlo, por el momento, su socio y padre de sus dos hijos, Richard Barkho, ya que desde el pasado mes de marzo se encuentra cumpliendo una sentencia de cinco años de prisión por tráfico de drogas.
