La amenaza de una larga temporada a la sombra ha convencido a María Bútina de que lo mejor es colaborar con la Fiscalía de Estados Unidos, a pesar de que los ejemplos de otros espías rusos presuntamente envenenados en Reino Unido hayan podido influenciar en su ánimo.

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La joven rusa fue detenida por espionaje el pasado 15 de julio en Washington, un día antes de la cumbre que mantuvieron en Helsinki los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. En aquel momento, Moscú denunció que su arresto era un intento de frustrar el esperado encuentro de los dos jefes de Estado, el primero que se producía con carácter bilateral. Y ahora, tras conocerse el acuerdo de colaboración de la rusa con la justicia estadounidense, Putin hablaba ayer, en su tradicional rueda de prensa navideña, de una eventual escalada armamentística de la que culpa a Trump.

Los expertos en política rusa aseguran que en el Kremlin están preocupados por lo que pueda revelar Bútina, sobre todo, en lo referente a la supuesta trama de injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Ella es, seguramente, el mejor “aliado” con el que la justicia estadounidense ha contado hasta ahora – en Washington están convencidos de que María tenía una estrecha vinculación con altos cargos del ejecutivo ruso -, y habrá que esperar para ver si la espía de 30 años que se parapetaba bajo la imagen de una simple estudiante tiene realmente en la recamara munición que pueda dejar “víctimas”, tanto políticas como judiciales. Por el momento, ha salido de su mutismo y se ha reconocido culpable de “conspiración” como “agente al servicio de un gobierno extranjero”, acusación que la justicia estadounidense esgrimía en su contra. La propia Tanya Chutkan, jueza encargada de la instrucción de los cargos que pesan contra Bútina, ha asegurado que la joven, además de declararse culpable, ha aceptado colaborar con los investigadores.

La espía rusa María Bútina
La espía rusa María Bútina

Por su parte, en Rusia, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov seguía esta semana insistiendo en Bútina no ha cometido ningún delito en EE.UU. y que, por tanto, su declaración de culpabilidad se ha producido bajo presión. Lavrov ha hablado incluso de “un tipo especial de tortura”. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, también ha salido al paso de las acusaciones contra Bútina asegurando que todas “carecen de fundamento” y el propio Vladimir Putin ha querido ir más allá en su defensa. Para el presidente ruso, María Bútina jamás ha sido una agente de los servicios secretos rusos. Aunque finalmente ella misma haya confesado serlo. Sin embargo, para Maria Zarajova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Bútina es una “presa política” y su detención, “un acto de chantaje político”.

Para el Departamento de Justicia estadounidense, la misión que María Bútina emprendió en marzo de 2015 consistía en tejer una red de contactos dentro del Partido Republicano a través de la Asociación Nacional del Rifle y tratar de influir en la política exterior de la Casa Blanca en favor de Rusia. Y, al parecer, gracias también a la ayuda de su novio, Paul Erikson, miembro del partido republicano y de la citada asociación en defensa de las armas, Maria logró llegar al círculo más próximo a Donald Trump, entre ellos el expresidente de la NRA, David Keene, y el excandidato presidencial y gobernador de Wisconsin, Scott Walker.

Para llevar a cabo tan importante misión, Bútina habría recibido, presuntamente, órdenes y formación de Alexánder Torshin, un antiguo senador ruso que actualmente ocupa la vicepresidencia del Banco Central de Rusia y está muy bien relacionado con Vladimir Putin. El papel de Torshin es, desde luego, de primer nivel: en mayo de 2016, durante la campaña de las presidenciales americanas, se reunió con el hijo del presidente estadounidense y, posteriormente, fue recibido junto al ministro Lavrov en el despacho oval cuando Trump ya ocupaba su actual cargo.

Ahora, si la anunciada colaboración no es simplemente una treta más de los servicios secretos rusos, Torhsin no debe de estar demasiado satisfecho con la decisión de su “pupila”, quien estaría tratando de rebajar los años de cárcel a los que pudiera ser condenada e incluso ser puesta en libertad tras el pago de una multa. Y en tal caso, lo habitual sería que fuera deportada a su país, pero el acuerdo de colaboración también podría incluir que Estados Unidos la permita quedarse en su territorio, por evidentes motivos de seguridad.

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