Ha sido este martes cuando la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ha pedido que se suspenda la investigación contra el presidente del país, Michel Temer, por corrupción. Concretamente, por haber recibido en 2014 recursos de forma ilícita de la constructora Odebrecht, que da nombre al caso.
En un comunicado, la Fiscalía afirma que la petición consta en una «manifestación enviada al Supremo Tribunal Federal». Y se debe al hecho de que Temer cuenta con la llamada «inmunidad temporal a la persecución penal».
Y es que la Constitución «prohíbe que el presidente sea denunciado por actos anteriores al mandato». Algo que se ajusta a este caso, pues los hechos por los que se acusa a Temer ocurrieron en 2014. En ese momento, aún ocupaba la vicepresidencia brasileña.
A principios de septiembre, la Policía Federal explicó haber encontrado indicios de que el presidente recibió «ventajas indebidas» de la constructora Odebrecht. Estas conclusiones fueron enviadas a la Corte Suprema, que finalmente las remitió a la Fiscalía. Es este departamento el que tenía que decidir si presentar denuncia formal o no contra el jefe del Estado.
Delitos
La Fiscalía ahora ha subrayado que los hechos ocurrieron en 2014 y se acoge a esa disposición constitucional.
La investigación revelaba que el grupo político liderado por Temer había recibido «recursos ilícitos de la constructora (teniendo) como contrapartida la atención de los intereses del grupo empresarial junto a la Secretaría de Aviación Civil, vinculada a la Presidencia de la República».
El gobernante brasileño había sido denunciado en dos ocasiones anteriores por la Fiscalía. En junio de 2017 por corrupción pasiva. Y en septiembre de ese año por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita. En ambas ocasiones, las denuncias fueron rechazadas por la Cámara Baja, lo que impidió abrir un proceso penal en su contra.
Junto a Temer, las sospechas se extienden también a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha; y al de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.
