Las autoridades iraníes han logrado reducir la intensidad de las protestas tras una respuesta de seguridad especialmente dura que, según organizaciones de derechos humanos, deja cientos de muertos y miles de detenidos. El Gobierno, mientras tanto, afirma que mantiene la situación “bajo control” y busca recuperar margen de maniobra en dos frentes: el doméstico, con una narrativa de estabilización, y el externo, ante la posibilidad de una acción militar de Donald Trump.
El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, declaró ante diplomáticos extranjeros que Teherán se muestra dispuesto a restablecer internet tras varios días de corte y a negociar con Estados Unidos, según informó Al Jazeera, uno de los pocos grandes medios internacionales con capacidad de emisión desde Teherán durante la interrupción de comunicaciones. Araghchi sostuvo que los disturbios pretendían crear una “excusa” para una intervención exterior y afirmó que la situación se encuentra “totalmente bajo control”. El Gobierno también decretó tres días de duelo nacional, mientras impulsa concentraciones de apoyo al sistema para reforzar una imagen de cohesión interna.
“Canal de comunicación abierto”
En paralelo, Donald Trump volvió a plantear públicamente el domingo la opción de golpear Teherán como respuesta al derramamiento de sangre durante las manifestaciones. En este contexto, varios analistas contemplan que la presión y la desestabilización puedan derivar en un intento de renegociación del expediente nuclear, con Estados Unidos tratando de imponer condiciones como el abandono del enriquecimiento de uranio, una línea que el Ejecutivo iraní ha rechazado en el pasado. El portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, añadió que existe un “canal de comunicación abierto” con Steve Witkoff, enviado estadounidense en la región, y lo describió como un mecanismo operativo “cuando es necesario”.
Sobre el terreno, periodistas y fuentes citadas por medios internacionales describen un gran despliegue policial y una reducción de la movilización respecto a jornadas anteriores, que muchos atribuyen al miedo a la represión. Organizaciones de derechos humanos elevan la gravedad del balance: HRANA afirma haber verificado 599 muertes —incluidos 89 miembros de las fuerzas de seguridad— y contabiliza 10.697 detenciones. El Ejecutivo liderado por Araghchi no ha publicado una cifra oficial y los medios estatales han puesto el foco en las bajas entre agentes.
La secuencia refuerza un patrón ya conocido en la política interna iraní: cuando las protestas amenazan la estabilidad, el Estado combina fuerza, control de la información y movilización de apoyos para retomar la iniciativa. En el plano internacional, Teherán intenta proyectar disposición al diálogo sin renunciar a la disuasión, mientras Trump mantiene la presión y eleva el coste de la crisis en el tablero regional.
