El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, ha anunciado su intención de instar al Gobierno de Nicolás Maduro a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. Esta decisión se produce en respuesta al reconocimiento, por parte del Congreso español, de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, un acto que las autoridades venezolanas consideran una «agresión directa» contra su soberanía.
Durante la sesión del miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Política Exterior una reunión urgente para preparar una resolución que la plenaria del Parlamento «apruebe de manera perentoria». En sus declaraciones, Rodríguez expresó con firmeza que, de aprobarse la resolución, «todos los representantes de la legación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y cónsules» deberán abandonar Venezuela, y que Venezuela, a su vez, retirará a su personal diplomático de España. «Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos», añadió el presidente del Parlamento en un tono contundente.
Rotura total de relaciones con España
La resolución también contempla la suspensión inmediata de todas las actividades comerciales de empresas españolas en Venezuela. Rodríguez calificó la decisión del Congreso español como «el atropello más brutal» de España contra Venezuela «desde los tiempos» de la independencia del país sudamericano. «Una gente que ni siquiera escoge a su presidente comete la barbaridad de pensar que ellos pueden nombrar al presidente de Venezuela», declaró, en una crítica directa al sistema monárquico de España.
En su intervención, Rodríguez acusó a España de haberse convertido en un «refugio de homicidas, fascistas, golpistas y violentos», mencionando a políticos opositores venezolanos exiliados en España, como Leopoldo López. Las declaraciones y el tono beligerante del presidente de la AN reflejan el nivel de tensión diplomática al que podría escalar esta confrontación, que marca un nuevo punto de inflexión en las ya deterioradas relaciones entre ambos países.
Este conflicto diplomático subraya la profunda polarización política que sigue existiendo en Venezuela, y deja entrever posibles repercusiones tanto para los ciudadanos de ambos países como para las empresas españolas con intereses en Venezuela. El resultado final de esta resolución aún está por verse, pero su aprobación podría tener un impacto significativo en la dinámica política y económica entre Caracas y Madrid.
