La República Islámica de Irán atraviesa una de las semanas más críticas para su estabilidad interna en la última década. Lo que comenzó como una protesta sectorial de los comerciantes ante la devaluación insostenible de la divisa nacional, ha derivado en un movimiento de impugnación al sistema que abarca ya 92 ciudades en 27 provincias. Las autoridades iraníes han optado por una respuesta de fuerza máxima para contener la disidencia, en un momento donde la geopolítica regional y las maniobras de la administración estadounidense condicionan el margen de maniobra de Teherán.
Según los datos facilitados por la Asociación de Derechos Humanos (HRANA) y la organización Iran Human Rights (IHRNGO), las fuerzas de seguridad han provocado la muerte de al menos 36 personas y han ejecutado más de 2.000 detenciones en los últimos diez días. La estrategia de contención ha traspasado líneas rojas habituales en el derecho internacional humanitario: unidades policiales han irrumpido en centros sanitarios, como el hospital Jomeneí de Ilam y el hospital Sina de Teherán, para localizar y arrestar a manifestantes heridos. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO, advierte que la inestabilidad actual del sistema podría desencadenar una represión «más violenta y prolongada» que en revueltas anteriores, dada la percepción de amenaza existencial que maneja la cúpula del poder.
El Gran Bazar y el factor económico como catalizador
El origen de este estallido social, iniciado el 28 de diciembre, reside en la asfixia económica que sufren las clases medias y trabajadoras. El cierre de negocios en el Gran Bazar de Teherán y otros mercados neurálgicos simboliza una ruptura tradicionalmente peligrosa para el gobierno: la pérdida de apoyo de la clase comerciante (bazaaris), históricamente un pilar del orden social en Irán. El rial iraní sufre una caída histórica frente al dólar, mientras la inflación roza el 40%, erosionando el poder adquisitivo de la población a niveles insostenibles.
Esta coyuntura interna no es ajena a la presión exterior. Las sanciones internacionales y la gestión gubernamental han debilitado la estructura económica del país, exacerbada por los bombardeos sufridos el pasado mes de junio. En este contexto de vulnerabilidad, Donald Trump ha elevado la apuesta diplomática y retórica. El presidente estadounidense ha sugerido directamente la posibilidad de una intervención militar y ha politizado la crisis interna iraní al aparecer con una gorra con el lema «Make Iran Great Again», enviando un mensaje directo de confrontación al Liderazgo Supremo.
Fisuras en el aparato de seguridad
Un elemento novedoso en esta oleada de protestas, y que analistas de inteligencia observan con atención, son los indicios de fractura en la cadena de mando intermedia. Imágenes verificadas en la ciudad de Abdanán muestran a agentes de policía aplaudiendo a los manifestantes desde la azotea de una comisaría, un gesto inédito que sugiere que el descontento económico podría estar permeando también en las bases de las fuerzas del orden. Mientras el Estado refuerza el control, la combinación de presión máxima desde Washington y la pérdida de legitimidad económica interna plantea un escenario de incertidumbre absoluta para el futuro inmediato de la región.
