La expresidenta y exvicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha comenzado a cumplir desde este martes una pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema. La medida judicial, dispuesta por el juez Jorge Gorini, también implica su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que bloquea cualquier intento de candidatura en las elecciones legislativas del próximo octubre.
Fernández, de 72 años, cumple la sentencia en un domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde también reside su hija Florencia Kirchner. Si bien la defensa había solicitado que la pena se cumpliera sin vigilancia electrónica, el juez determinó que llevará una tobillera con geolocalización, en contra de lo planteado por sus abogados. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, se había opuesto directamente al beneficio del arresto domiciliario, que finalmente fue concedido por razones de edad y salud.
La resolución judicial ha tenido un impacto inmediato en la agenda política del país. La gran movilización peronista prevista para este miércoles en Buenos Aires —en la que se planeaba acompañar a Fernández desde su residencia hasta los tribunales federales— ha quedado desactivada. No obstante, sectores del Partido Justicialista han comenzado a organizar concentraciones frente al domicilio de la exmandataria como forma de respaldo político y simbólico.
Historial político
Cristina Fernández gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023. Su figura continúa siendo central en el panorama político argentino, tanto para sus seguidores como para sus detractores. La confirmación de su condena y la imposición de la inhabilitación perpetua redibujan el futuro del kirchnerismo dentro del peronismo, especialmente de cara a las elecciones legislativas de octubre.
A pesar de que la resolución cierra una etapa judicial, abre una nueva fase de tensiones políticas, marcada por una militancia que no renuncia a su respaldo a Fernández y por una oposición que considera esta sentencia un hito clave en la lucha contra la corrupción. En este nuevo escenario, el oficialismo tendrá que redefinir sus estrategias sin una de sus figuras históricas más influyentes en condiciones de ser candidata.
