La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general para presos políticos, una iniciativa que el chavismo pretende aprobar en los próximos días. La medida busca abarcar el periodo completo de confrontación política desde 1999 y se presenta como un intento de estabilizar el sistema político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el inicio de un proceso gradual de excarcelaciones.
Rodríguez defendió la iniciativa como un paso hacia una convivencia política menos confrontativa y afirmó que la propuesta pretende “reparar las heridas” acumuladas durante décadas de conflicto. El proyecto excluiría delitos comunes como homicidio o narcotráfico, y se centraría en causas vinculadas a la actividad política. El Gobierno encargó la redacción del texto a instancias controladas por el chavismo, que prevé someterlo a votación en la Asamblea Nacional en cuestión de días.
La iniciativa llega tras un proceso de liberaciones parciales que el oficialismo presenta como masivo, aunque organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos cuestionan las cifras. Mientras el Gobierno habla de más de 800 excarcelaciones, ONG y defensores legales reducen el número a poco más de 300. Muchos liberados siguen bajo medidas cautelares, con restricciones de movilidad, limitaciones a la actividad pública y riesgos de nuevas detenciones.
El Helicoide
El anuncio incluye también la reconversión de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo venezolano, en un complejo de servicios sociales y deportivos para funcionarios policiales y sus familias. La decisión pretende simbolizar un giro institucional, aunque críticos consideran que se trata de un gesto político que no sustituye la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos documentadas durante años.
El chavismo ha utilizado históricamente a los presos políticos como moneda de negociación, con liberaciones selectivas en contextos de diálogo internacional. Mediadores como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Qatar han participado en procesos previos, con resultados limitados y sin cambios estructurales en el sistema judicial venezolano.
Sectores de la oposición y de la sociedad civil han exigido desde hace años una amnistía amplia, pero también mecanismos de reparación, garantías de no repetición y reformas institucionales profundas. Organizaciones de familiares y víctimas insisten en que una transición política creíble requiere liberar a los detenidos injustamente, revisar procesos judiciales y ofrecer garantías a exiliados y perseguidos. La iniciativa de Rodríguez se interpreta como un intento del chavismo de recomponer su legitimidad interna y externa, en un contexto de presión social y supervisión internacional, sin renunciar al control del aparato estatal.
