El chavismo ha acelerado en los últimos días un proceso de excarcelaciones que busca proyectar señales de apertura en un momento de alta presión interna y externa. El Gobierno venezolano anunció este lunes la liberación de 116 personas, mientras organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar 49 hasta ahora. La diferencia entre ambas cifras refleja un circuito administrativo y judicial fragmentado: jueces, fiscales y autoridades penitenciarias deben coordinar boletas, traslados y registros antes de ejecutar cada salida.
El nuevo ciclo de liberaciones se desarrolla en un escenario político excepcional: la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, tras una operación atribuida a fuerzas especiales de Estados Unidos, y la consolidación de Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”. Distintas fuentes y mediadores describen a Rodríguez como una dirigente con mayor disposición a flexibilizar la política de detenciones, aunque también mencionan resistencias internas dentro del aparato chavista. Ese choque, sumado a la opacidad institucional, alimenta expectativas y dudas entre familiares y ONG.
Entre los excarcelados figuran dos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. San Miguel salió de prisión el sábado y ya se encuentra en España. Tanto en estos casos como en otros, las autoridades han impuesto condiciones: varias personas liberadas mantienen procesos abiertos, afrontan restricciones y, según fuentes citadas, tienen prohibido hacer declaraciones públicas. Ese esquema permite al poder conservar capacidad de presión y reduce el impacto político inmediato de cada excarcelación.
Italianos liberados
Italia ha celebrado públicamente las liberaciones. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que habló con sus compatriotas y que regresarán pronto, y la primera ministra Giorgia Meloni se implicó en gestiones diplomáticas, según lo difundido. En el plano regional, el chavismo también ha intentado encuadrar el proceso como resultado de mediaciones diversas: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, agradeció la participación de Luiz Inácio Lula da Silva, José Luis Rodríguez Zapatero y Qatar al anunciar el inicio del movimiento.
Washington observa el proceso como un indicador de gobernabilidad y de alineamiento. Donald Trump celebró el sábado que Venezuela “ha empezado… a lo grande” a liberar presos políticos y vinculó el cambio a la intervención estadounidense, con un mensaje de advertencia incluido. En paralelo, activistas sostienen que el país aún mantiene entre 800 y más de 1.000 presos políticos, según las organizaciones consultadas, y denuncian que las detenciones arbitrarias continúan.
Expertos como Carolina Jiménez (WOLA) subrayan la carga burocrática y el control político sobre el sistema judicial, mientras Alfredo Romero (Foro Penal) interpreta el proceso como un patrón repetido desde 2016: anuncios amplios, cumplimiento parcial y nuevas detenciones que compensan las salidas. La presencia de detenidos de múltiples nacionalidades refuerza además una dimensión diplomática: el Gobierno puede convertir ciertas excarcelaciones en moneda de negociación con terceros.
